Argentina y Chile firman en la Ciudad del Vaticano el acta por el Canal de Beagle

El 18 de Octubre de 1984 Argentina y Chile firman en la Ciudad del Vaticano el acta de acuerdo para terminar con las disputas de soberanía en el austral Canal de Beagle, conflicto en el que había mediado el papa Juan Pablo II para frenar una posible guerra.

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Los gobiernos de Chile y la República Argentina acordaron en 1971 solicitar el arbitraje de la corona británica para dirimir el Conflicto del Beagle cuyo cumplimiento sería entregado al honor de las naciones signatarias.

La Argentina rechazó unilateralmente el Laudo Arbitral de 1977, colocando a ambos países al borde de la guerra. Tampoco las negociaciones directas lograron siquiera impedir el aumento de la tensión militar en la frontera.

Con ello se habían comprobado como inviables dos de los caminos para la resolución del conflicto, el de las negociaciones directas y el del arbitraje británico. Quedaba aún un camino por intentar antes de la guerra: la mediación.

El conflicto involucró a la soberanía de las islas Picton, Lennox y Nueva, que quedaron en manos de Chile.

Justo en el momento en que en la Argentina el Proceso de reorganización nacional se había decidido por la guerra, el papa Juan Pablo II comunicó a ambos gobiernos que ofrecía su mediación.

Además del peligro de guerra, el cardenal Antonio Samoré, enviado personal del papa, debió enfrentar los siguientes hechos consumados:

  1. Chile consideraba el Laudo como vigente y lo había convertido en ley declarando el mar entre las islas como aguas interiores chilenas.
  2. Argentina no reconocía el Laudo.
  3. Argentina extendió el conflicto a todas las islas al sur del Canal Beagle y al este del meridiano del Cabo de Hornos y exigió también derechos sobre la regulación de la navegación en el Estrecho de Magallanes, es decir había ampliado el conflicto a una zona mucho mayor que la tratada inicialmente en la solicitud de Laudo Arbitral de 1971.

La Santa Sede tuvo durante la mediación dos roles que cumplir, primero el cardenal Samoré debió detener el comienzo de una guerra y comprometer a las dos partes a dejar de lado la amenaza y el uso de la fuerza. Luego debió encauzar las negociaciones que duraron 6 años adaptándose a todos los cambios que ocurrieron en ese lapso de tiempo.

La Argentina consideraba absolutamente necesario desde el punto de vista económico y militar la libre navegación por los canales fueguinos. Su puerto Ushuaia era una de las bases de su flota pesquera y punto de aprovisionamiento para sus bases antárticas.

La zona de controversia del arbitraje británico estaba delimitada por un polígono, llamado por su forma «el martillo», pero tras desahuciar el Laudo Arbitral de 1977, la Argentina extendió el conflicto a todas las islas al sur del Canal Beagle y al este del meridiano del Cabo de Hornos, argumentando que la tesis oceánica le otorgaba todas las islas al este de ese meridiano.Según la definición del límite oriental del Estrecho de Magallanes, se pueden obtener derechos chilenos sobre el Atlántico o derechos argentinos a co-regular la navegación en el Estrecho.

A raíz de lo candente de la situación, las divergencias en cuanto a la precisa delimitación en el Estrecho de Magallanes se acentuaron. Chile consideraba que el estrecho terminaba en la línea Punta Dungeness-Cabo Espíritu Santo. Por el contrario la Argentina planteaba que el estrecho continuaba hasta el Cabo Vírgenes. Si se aceptaba la visión chilena, la Argentina no era corribereña ni cogarante del estrecho y por eso no tenía derecho a participar en la regulación del tráfico marítimo.

Además, si el estrecho terminaba allí y luego continuaba el océano Atlántico, Chile podría exigir derechos propios en ese océano según el derecho internacional del mar.

La visión argentina implicaba lo contrario: derecho de la Argentina a participar en la regulación del tráfico marítimo en el estrecho y la negación de derechos chilenos en el Atlántico.Las dos visiones del curso del Estrecho de Magallanes durante el Conflicto del Beagle. La línea negra es la interpretación chilena. La línea amarilla era la visión argentina, que exigía un delta. Según el Tratado de 1881 el Estrecho debe ser navegable para todas las naciones.

También en la boca occidental del estrecho había divergencias, pues la Argentina postulaba que existía un delta formado por los canales Magdalena, Abra, Bárbara y Cockburn que debían ser navegables a todas las embarcaciones de acuerdo al Tratado de Límites de 1881. Chile rechazaba esa tesis y consideraba que el estrecho tenía solo una salida y que los otros canales eran aguas interiores chilenas.

Ya se vislumbraba en 1978 que el derecho internacional otorgaría en el futuro grandes zonas marinas a los países costeros, en general el límite sigue la línea de puntos equidistantes a las costas más cercanas (un punto en el mar pertenece entonces al país cuya costa esté más cercana).

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La frontera marítima a fijar podría tener una decisiva importancia en los derechos que ambos países pretenden sobre la Antártida.

La política interna era un factor que afectaba en forma diferente a las partes. En Chile, Augusto Pinochet ejercía el poder casi sin restricciones, lo que le permitía mayor flexibilidad y menos vulnerabilidad a críticas. Es sin duda un caso especial en la política interna chilena durante la dictadura, pues Eduardo Frei Montalva, expresidente de Chile (1964-1970) y líder de la incipiente oposición, dio su apoyo al gobierno en su gestión de la crisis.

En la Argentina, una actitud conciliadora podía ser utilizada por los adversarios políticos de la línea dura para socavar la ya precaria estabilidad del presidente Jorge Rafael Videla.​

Es decir, el problema no se reducía solo a la posesión de las islas sino a un complejo de factores económicos, militares y políticos que repercutían también sobre el prestigio exterior de ambos países.

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La situación política interna de la Argentina fue sin duda el factor más determinante en las negociaciones. Los militares que gobernaron el país durante la mayor parte de la mediación estaban divididos entre duros y blandos. Su accionar estaba restringido por el temor a ser reemplazados si hacían concesiones «vergonzosas» a Chile.

Este ambiente cambió radicalmente tras la derrota en las Malvinas y el subsecuente retorno a la democracia. Delpech considera que antes del gobierno de Alfonsín una solución al conflicto era improbable.4​ Para Alfonsín era una meta primordial recuperar las relaciones exteriores del fracaso en que las había dejado el Proceso de reorganización nacional.

La elección del mediador fue óptima, pues cumplió al máximo lo que se podía en aquel momento: impedir la guerra, mantener la estabilidad en la región, resolver los conflictos que aparecían y mantener un diálogo entre las partes.

Ello se logró gracias a la paciencia del mediador que no esperaba réditos ni inmediatos ni propios y también a su autoridad moral, que impidió a la junta militar argentina comenzar una guerra tras el rechazo a la propuesta papal de 1980.

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