La Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar el proyecto que pretende prohibir la extracción de la merluza común por arrastre, generando preocupación en la industria pesquera.
Calculan que se perderían mas de 5.000 puestos de trabajo en la zona del Bio Bio y traería un importantísimo perjuicio económico a las empresas.
Ante la queja de los industriales Pesqueros, acusando a los legisladores de desconocer la zona y la actividad pesquera, algunos de ellos redoblaron la apuesta y manifestaron que debería aplicarse la medida a otras especies.
La Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados Chilenos, aprobó por 7 votos a favor, 5 en contra y una abstención el proyecto de ley que impide la pesca de «Merluza Común» con artes de pesca de «Arrastre», a pesar de las manifestaciones de pescadores que se registraban en Talcahuano.
El principal argumento de los legisladores, fue el daño que este sistema de pesca, estaría causando a la especie.
Mientras tanto, desde la empresas manifestaron que no es la pesca con artes de «arrastre» las que dañan el recurso merluza común, sino la pesca ilegal y le reclaman al gobierno de Chile que profundice controles en este sentido.
El año pasado, las empresas hicieron un fuerte llamado a mantener y extender la preocupación por el delicado estado de la merluza de manera permanente, la Asociación de Industriales Pesqueros, Asipes, hizo un balance de la veda biológica establecida por la autoridad que se extendió durante los 30 días de mes septiembre.
En aquel momento, Monserrat Jamett Leiva, jefa de Sustentabilidad del principal gremio pesquero de la zona centro sur, dijo que “la atención que debemos dedicar a la merluza debe ser todo el año, porque su estado de sobreexplotación es gravísimo producto de la enorme presión que ejerce sobre ella la pesca ilegal artesanal a la que está sometida”.
«La pesca ilegal es aquel tipo de captura que se hace no respetando las normas o las cuotas fijadas por las autoridades, también conocida como “Pesca Negra”, agota las poblaciones de peces, destruye los hábitats marinos, distorsiona la competencia, perjudica injustamente a los pescadores legales y fragiliza a las comunidades costeras, especialmente en los países en desarrollo como el nuestro”