Artero solicitó información sobre la totalidad de los permisos de pesca, los contratos de abastecimiento de materia prima a las plantas de procesamiento, el detalle de la mano de obra que emplean las plantas y cuestionó las reformulaciones del Proyecto Pesquero realizadas en los últimos 5 años.
La legisladora fundamenta el pedido de informes en la necesidad de contar con mayor información para seguir analizando el proyecto de la nueva Ley de Pesca que el Gobierno provincial envió a Legislatura.
«Hace algunos días vinieron a la Legislatura representantes del Ejecutivo a conversar sobre el proyecto de ley y la verdad es que nos quedaron muchas dudas, por eso realizamos este pedido de informe en donde solicitamos, entre otras cosas, se detalle la totalidad de permisos de pesca de la flota amarilla, vacopas y artesanales, ya que la ley actual dice que la flota amarilla cuenta con 37 permisos, sin embargo la nueva ley habla de 40 y el secretario de Pesca, Gabriel Aguilar, aseguró delante de todos los legisladores que hay 44», indicó Artero.
Además, el pedido de informe requiere los contratos de abastecimiento de materia prima entre los titulares de permisos de pesca y las plantas de procesamiento ubicadas en la provincia, y la mano de obra empleada en las plantas discriminando entre los efectivos de temporada y los eventuales.
La diputada advirtió que «las reformulaciones del Proyecto Pesquero que se realizaron en los últimos años son muy preocupantes, hay que recordar que la Ley establece que el reemplazo de buques pesqueros solo será admitido por otro de capacidad de bodega igual o inferior y acá ocurre todo lo contrario, los barcos tienen bodegas cada vez más grandes.
También el Gobierno otorgó por decreto facultades al Consejo Federal Pesquero que delegan derechos constitucionales que la provincia posee, como lo son los recursos naturales marítimos vivos. Por eso solicitamos que acrediten el estado de situación del esfuerzo pesquero desde 2016 a la fecha».
«El proyecto de la nueva Ley de Pesca deja muchas dudas, aumenta la cantidad de permisos de pesca, intenta otorgarlos de por vida con lo que se estaría privatizando la actividad y, por otro lado, no cuida el recurso ni prioriza a los trabajadores, cosas que deberían ser primordiales», sentenció Artero.