Son 25 años más de pesca, con condiciones para las empresas españolas. El gobierno de las islas, exigirá que el 51 % del capital de las ‘joint ventures’ esté en manos de malvinenses.
El Gobierno de Malvinas espera que a lo largo de los próximos meses entre en vigor la anunciada reforma de su política pesquera relativa a las sociedades mixtas, todas de capital español pertenecientes al eje Vigo-Marín, que operan en el archipiélago británico del Atlántico Sur.
El cambio permitirá a las ‘joint ventures‘ renovar sus derechos de pesca de calamar, las ITQ, por otros 25 años antes de que expire el actual periodo de concesión, en 2031. Es decir, 10 años antes de lo previsto. El proceso de aplicación de la reforma ha sido aprobado por el Gobierno de las Malvinas y se ha iniciado el proceso de redacción con el objetivo de que las empresas interesadas puedan suscribir las nuevas condiciones a largo de 2021. El proceso fue anunciado a finales de 2019 y empresarios españoles indican a IP que se ha ido postergando.
El actual periodo de ITQ finaliza en 2031. La iniciativa del Gobierno permitiría a las sociedades adelantar la renovación 10 años. A cambio, la parte malvina de las joint ventures debe acreditar poseer el 51 % de capital.
En estos momentos están en activo 16 empresas mixtas para la pesca de calamar patagónico y otras dos centradas en pesquerías mixtas. En total, 18 buques de capital malvino-español, la mayoría de los cuales se dirige en estos momentos al Atlántico Sur para iniciar primera campaña de calamar loligo del año. La primera también en el marco del nuevo contexto comercial entre Reino Unido y la UE.
El acuerdo del ‘brexit’ ha dejado fuera a las regiones de ultramar del Reino Unido, poniendo a la flota en la tesitura de tener que pagar aranceles por primera vez en su historia para poder ingresar sus capturas en el mercado comunitario y, en concreto, en el Puerto de Vigo. Del 6 % en el caso del calamar, y hasta el 18 % para especies como la merluza austral.
Desde el sector español restan urgencia al proceso de actualización de las ITQ: “La prioridad del gobierno de Malvinas ahora mismo es eliminar los aranceles”.
La bandera no reconocida por la ONU de Malvinas en un pesquero.
El objetivo de la nueva reforma, indica el gobierno de Malvinas, es “fortalecer aún más la asociación entre el gobierno y el sector, y con el fin de proporcionar a las empresas pesqueras en las Islas Malvinas una mayor estabilidad”. La pesca genera el 40 % del PIB de las islas y el nuevo status de las islas, fuera del mercado comunitario, supone un reto para la Administración y las pesqueras. Además hay que tener en cuenta los impactos de la COVID en el archipiélago, que ha visto su incipiente sector turístico bloqueado y comprometidas sus exportaciones de carne.
Sin embargo, el adelanto de la renovación de los derechos de pesca no es gratuito. Al menos para la parte española de las pesqueras. Las empresas mixtas que accedan a las nuevas licencias tendrán que estar al menos en un 51 % en manos malvinas, un incremento de participación considerable teniendo en cuenta que actualmente es del 25,1 %.
El Gobierno garantiza que las ITQ actuales se mantienen en vigor hasta 2031. Así que “cualquier titular que opte por no solicitar los nuevos derechos ampliados, o no tenga éxito en su solicitud, continuará manteniendo su derecho existente hasta que expiren”.
El Gobierno de Malvinas argumenta que se da estabilidad al sector y se garantizan inversiones. Desde 2017, la flota ha renovado 5 unidades.
Con la reforma se pretende dar a las empresas pesqueras de las Islas Malvinas “certeza” para realizar inversiones a más largo plazo. El caladero ha renovado desde 2017 cinco pesqueros, cuatro de ellos grandes arrastreros de última generación construidos en Nodosa Shipyard, en Marín. El sector cifra en más de 100 millones de euros la inversión realizada.
Al mismo tiempo, las “condiciones revisadas” respaldarán un mayor impulso al desarrollo sostenible de la industria pesquera de las Malvinas y “garantizarán que los beneficios económicos de la pesca se mantengan en las islas”.
Según Teslyn Barkman, responsable de la cartera de Recursos Naturales del Gobierno de Malvinas, la revisión de las condiciones de las ITQ “ayudará a garantizar que las pesquerías de las Malvinas tengan fuertes perspectivas a largo plazo”. Barkman reafirma su compromiso de colaborar con el sector “para encontrar formas de apoyar la pesca sostenible, que junto con la agricultura, forman la columna vertebral de la economía de las Islas Malvinas”. De hecho, las nuevas condiciones fueron acordadas con la FIFCA, la Falkland Islands Fishing Companies Association, asociación que representa los intereses de las pesqueras malvinas asociadas con las firmas españolas.
Fuente: Industrias Pesqueras