La Capital de Mar del Plata – 7 de Junio de 2010
El subsecretario de Pesca de la Nación, Norberto Yauhar, desmintió versiones que hablan del agotamiento de la especie merluza y la falta de políticas de control. «La nota publicada el 4 de junio de 2010 en el diario La Nación titulada ‘El descontrol de la pesca jaquea a las poblaciones de merluza’, presenta un panorama injustificadamente alarmista en función de medidas de administración y control adoptadas en el curso de los últimos meses tendientes a evitar el agotamiento de uno de los recursos naturales mas preciados del Mar Argentino: las poblaciones de merluza», sostuvo el funcionario.
Según Yauhar, entre estas medidas merecen citarse: «La existencia de un área de veda permanente para protección de juveniles y reproductores de merluza que en la actualidad se ha extendido hasta superar los 193.000 kilómetros cuadrados, superficie similar a la de países como Uruguay, Siria o Senegal. La obligatoriedad para toda la flota pesquera argentina de utilizar un sistema de monitoreo satelital que reporta la posición, el rumbo y la velocidad de los barcos cada hora, lo que garantiza el estricto control de la medida de protección anteriormente dicha.
Si se observa incumplimiento de la emisión de estos reportes se ordena el inmediato regreso a puerto del buque en cuestión».
También enumeró :»La obligatoriedad de paradas en puerto de los buques autorizados a pescar merluza común que están destinadas a reducir la presión de pesca sobre el recurso que alcanzan a 50 días por año para los buques fresqueros y 75 días por año para los buques congeladores. Esto representa entre un 20%-30% de su operatoria anual normal. Adopción para la administración de este recurso de un sistema de cuotas individuales transferibles de captura en lugar del sistema «olímpico» que existía en el pasado. Esto permite una mejor programación de la actividad de pesca, mayor utilización de recursos alternativos y evita la carrera desenfrenada por la captura de la última merluza al alcanzar la captura máxima permitida para toda la flota en su conjunto».
«Implementación a partir del 1 de enero de 2010 del Sistema de Certificación de Captura Legal. Esto permite un control más eficiente al entrecruzar las distintas bases de datos que reflejan la operatoria de la flota. Ellas son: las capturas, que ahora deben reportarse lance por lance, las descargas que son inspeccionadas en su totalidad al llegar a puerto, la información del monitoreo satelital para evidenciar que esas capturas se han realizado por quién y dónde corresponde y los datos de exportación tanto el certificado sanitario expedido por Senasa como la documentación exigida por la Dirección General de Aduanas. Este entrecruzamiento de información conduce a terminar con la posibilidad de subdeclaración que expresado en términos llanos es la que lleva a declarar de menos o a pasar ‘gato por liebre’, o en este caso, pez palo por merluza», aseguró el funcionario nacional.
Yauhar dijo que «todo lo antedicho contradice abiertamente la expresión publicada acerca de ‘medidas desacertadas y falta de aplicación de las regulaciones existentes’.
Se menciona también como muy preocupante el hecho de que las capturas de 2009 estuvieron constituidas por 61% de individuos juveniles y 39% de adultos. El informe no indica que esto es un reflejo de la composición de la población que varía año a año porque la incorporación de juveniles (reclutamiento) es sumamente fluctuante y depende de las condiciones propias de la población como de condiciones ambientales. Tampoco menciona el informe que porcentajes similares a los del 2009 se observaron en 1993, 1996 y 2004″.
No obstante, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura «sabe muy bien que la protección de los ejemplares juveniles es fundamental para alcanzar el objetivo de una explotación sustentable de este recurso fundamental para la pesquería argentina. A tal fin, se ha establecido a través del Consejo Federal Pesquero la normativa necesaria para la utilización obligatoria de los dispositivos de selectividad que eviten una pesca excesiva de juveniles en la pesquería de merluza así como la captura de merluza en la pesquería de langostino, que incluye severas penalidades para los infractores de carácter disuasorio. Esta obligatoriedad está implementada desde el 20 de mayo y de ello nada se dice en la nota que se está comentando».
«Finalmente -dijo Yauhar-, se mencionó con alarma el establecimiento de una captura máxima permisible del orden de 290.000 toneladas. Sin embargo nada se dice de que la estadística pesquera al 31 de mayo indica que en lo que va de este año se ha pescado prácticamente el mismo volumen que en el año 2009 a la citada fecha lo que sumado a las restricciones a la operatoria antes detallada permiten presumir que la captura total del presente año no excederá la del año anterior que resultó un 30 por ciento inferior a la captura máxima permisible vigente para el corriente año.
En este punto tampoco resultan evidentes los motivos de alarma que la nota del coordinador del Programa Marino de la Fundación Vida Silvestre, Guillermo Cañete, busca instalar en la opinión pública.