Preocupado por el rol de China, el gobierno de Estados Unidos se involucra en el combate a la pesca ilegal en aguas uruguayas

«Estamos presenciando una absoluta crisis económica y humanitaria” en Uruguay, advirtió el embajador norteamericano en Montevideo

Cuando a fines de agosto al ministro Javier García se le notificó que un avión de la Armada Nacional había detectado 19 buques pescando ilegalmente en aguas uruguayas, a la altura del Chuy, su primera orden fue que se enviara un barco de inmediato para frenar la situación y detener a los responsables. La orden no pudo ser cumplida porque cualquier alistamiento en un buque de la Armada, debido a su mal estado, requiere de al menos 12 horas, tiempo suficiente para que los infractores se retiraran de la zona indemnes y con su mercadería intacta.

La crítica situación llevó a García a admitir ante el Parlamento que “todos los días” pesqueros ilegales “roban millones y millones de dólares” de las aguas uruguayas porque el rol policial de la Armada es prácticamente nulo, según ha definido su comandante en jefe, Jorge Wilson; un estudio de la institución señala que el 6% del producto bruto interno de Uruguay corresponde a actividades del mar, entre las que se incluye la pesca. Merluza, atún, calamar, pescadilla, corvina, decenas de especies cuya explotación el país no puede controlar ante 3.680 kilómetros de costas, 153.034 km2 de zona económica exclusiva y 103.000 km2 de plataforma continental.

Para enfrentar el problema parece haber encontrado un aliado importante en Estados Unidos. En junio los departamentos de Estado y de Comercio de la nación norteamericana, junto con otras agencias federales del país, lanzaron una estrategia global contra la pesca ilegal, inquietos principalmente por el rol que China tiene en la industria.

“Debido a los lamentables antecedentes de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, transgresión de normas y degradación ambiental deliberada, se ha vuelto más relevante que nunca que la comunidad internacional se mantenga unida en defensa del Estado de derecho e insista en un mayor compromiso con la conservación ambiental por parte de Pekín”, manifestó en agosto Mike Pompeo, secretario de Estado, luego de que Ecuador alertara sobre la presencia de cientos de buques pesqueros con bandera china cerca de la reserva marina de las islas Galápagos.

“China subsidia la flota pesquera comercial más grande del mundo, que en forma sistemática viola los derechos soberanos y la jurisdicción de los Estados, pesca sin autorización y excede las cuotas de pesca establecidas en los acuerdos de licencia”, agregó Pompeo.

Específicamente en Uruguay, la acción de Estados Unidos quedó expuesta públicamente hace dos semanas con la participación del embajador Kenn George en el lanzamiento de un webinar sobre derechos humanos y pesca ilegal. “Esta es un área de potencial cooperación entre nuestros países. La pesca ilegal es un tema de gran importancia para la embajada y para el gobierno de Estados Unidos, por lo cual trabajaremos para combatirla junto con el gobierno y nuestros socios a nivel local”, dijo George, que añadió que su país ya está “involucrado en varias naciones para resaltar la necesidad de una fiscalización fuerte que incluye acuerdos de cooperación”.
Despóticos

La semana pasada Búsqueda informó que, durante la visita del canciller Francisco Bustillo a Washington, Estados Unidos transmitió a Uruguay su preocupación por la posibilidad de que China construya un puerto pesquero en la costa montevideana, ante un panorama general de mayor influencia china en la región. En cuanto a la pesca ilegal, el involucramiento norteamericano en Uruguay va en el mismo sentido.

“Estamos presenciando una absoluta crisis económica y humanitaria en aguas uruguayas. Necesita ser abordada pero está siendo ignorada por demasiadas personas. La pesca ilegal causa distorsiones comerciales y amenaza la seguridad económica y nacional. Y se produce por codicia de gobiernos despóticos que alientan esta actividad. Sabemos que existen flotas pesqueras de gran porte con apoyo de gobiernos extranjeros que operan en el Atlántico Sur”, dijo el embajador George el jueves 15 en el lanzamiento del evento organizado por la Global Fishing Watch y la Organización para la Conservación de Cetáceos. Sentado a su lado estuvo Jaime Coronel, director de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara).

George enfatizó que, por su ubicación estratégica en la región, Uruguay tiene la oportunidad de transformarse en un líder para sus vecinos al combatir una industria emergente mediante el aumento de las inspecciones y las regulaciones.

A nivel interno, sin embargo, la Armada cuenta con serias limitaciones. “En 2023, que es pasado mañana, estarían en funcionamiento cinco buques. Si nosotros no tomamos medidas, esta sería la situación de la Armada dentro de dos años en un país que tiene más mar que tierra”, graficó García en setiembre durante su visita a la Comisión de Defensa Nacional del Senado. Entre esos buques ninguno tiene cualidades para tareas de patrullaje, por lo que el Ministerio de Defensa inició junto con la Corporación Nacional para el Desarrollo un proceso para conformar un fideicomiso que permita adquirir naves que actúen en específico contra la pesca ilegal y el narcotráfico.

El otro camino para la renovación de la flota es la cooperación internacional: el gobierno recibió ofertas de Alemania, España, Israel, Italia e incluso China. Las embarcaciones para el patrullaje que pretende la Armada son del entorno de hasta quinientas toneladas de desplazamiento, sin cubierta de vuelo y con armamento mínimo. Apuntan, básicamente, al despliegue desde la base naval del puerto de La Paloma para actuar contra la pesca ilegal.

La ventaja de esta cooperación es que las naves se adquieren en un estado relativamente bueno a precios más accesibles para el presupuesto de la Armada, determinados por la relación política y diplomática entre los países. La desventaja es que, al sumar buques de distinto origen y fabricante, la logística necesaria para mantenerlos varía de un buque a otro, lo que obliga a la Armada a capacitarse en distintas tecnologías y comprar diferentes tipos de repuestos, lo que multiplica los costos.

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