Casi ochenta lanchas de plástico y fibra que en los últimos años se reconvirtieron al langostino entraron en conflicto cuando la Prefectura les exigió certificaciones de navegabilidad.
Es una consecuencia directa y razonable del siniestro ocurrido en enero con el hundimiento del barco pesquero Golfo Azul. Tubo que hundirse este barco de casco de madera con destino a desguace y reciclado, para que las exigencia de la normativa, se hagan realidad.
La Prefectura Naval de San Antonio Oeste (SAO) empezó a aplicar con rigurosidad toda la normativa vinculada a la seguridad en la navegación de los artesanales, y en ese marco, se disparó un conflicto que mantuvo paralizado al puerto San Antonio Oeste en el comienzo de semana tras la prohibición de despacho a la pesca.
Previo a ello la Gobernación de Río Negro se despegó de la Prefectura ante el siniestro, deslindando responsabilidades en la prefectura.
El destacamento SAO de la PNA había resuelto impedir la salida de 80 lanchas de plástico y fibra de menos de 10 metros de eslora, que actualmente se dedican a la pesca del langostino en aguas del Golfo San Matías.
Inicialmente eran menos de 50 este tipo de embarcaciones que se dedicaban, en forma artesanal, a la pesca con palangre y extracción de mejillones por buceo, y ese número se incrementó en los últimos cinco o seis años ante la presencia de la abundancia de langostino dentro del golfo que comparten Río Negro y Chubut.
El naufragio del barco de madera Golfo Azul fue el detonante para que la autoridad naval comenzara a aplicar taxativamente lo normado en REGINAVE y empezara a exigirles “certificado nacional de seguridad de la navegación” a los lancheros, pidiéndoles además desmontar las artes de pesca de langostino que les instalaron, al señalar que dichos elementos no contaban con autorización, ya que con los mismos no se les realizaron pruebas de estabilidad a las lanchas, ni habían superado inspecciones.
La PNA prohibió los despachos hasta tanto no dieran cumplimiento con tales certificados y esto desató que los pescadores artesanales de SAO iniciaran una fuerte protesta con la paralización total del puerto rionegrino, lo que obligó a iniciar gestiones administrativas y políticas para destrabar la situación.
Legisladores provinciales mantuvieron contacto con senadores nacionales que a su vez llegaron hasta la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, de quien depende la Prefectura Naval, y después arduas gestiones se acordó una “tregua” de 50 días.
Durante ese lapso, las embarcaciones deberán cumplimentar los requerimientos de seguridad que establece la normativa, al tiempo que se abre una mesa de negociación, ya que los pescadores plantean que se adecúe esas reglamentaciones a su realidad particular, insistiendo en que deben quedar exceptuados de la exigencia de un “certificado de navegabilidad” de sus lanchas.
Mientras tanto, la Prefectura sigue sin explicar por qué aplica la normativa ahora y no lo hizo antes. El REGINAVE en su última versión, fue publicado en el Boletín oficial, el 14 de Noviembre de 2019, la pregunta es que hizo la PNA hasta el hundimiento del Golfo Azul en todo ese periodo.
¿Por que no se hace cargo la Gobernación que fue quien le otorgó el permiso de pesca al Golfo Azul (Ex Roxana)? ¿Reverá la forma de otorgar permisos para langostino o seguirá beneficiando a un grupo de empresas pesqueras, en detrimento de la seguridad de los pescadores.?.
Por el momento hay 50 días para adecuarse.