GINEBRA – No es frecuente que una negociación en temas de comercio presente una oportunidad simultánea de proteger a personas vulnerables y sus medios de vida, promover la salud de los océanos y cumplir uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
Pero es exactamente una oportunidad de ese tipo la que espera a los ministros que se reúnen esta semana en la Organización Mundial del Comercio para discutir nuevas normas internacionales que limiten los subsidios estatales a la industria pesquera.
Esos subsidios incentivan la sobrepesca, y los miembros de la OMC llevan ya veinte años debatiendo el modo de ponerles límite. Durante esas largas dos décadas, hubo un marcado descenso de las reservas pesqueras mundiales, que afecta a pescadores artesanales vulnerables y pobres y es nocivo para los ecosistemas oceánicos.
En 2017, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) advirtió que alrededor de la tercera parte de las reservas pesqueras mundiales está sometida a sobrepesca (un aumento respecto del 10% de 1970 y el 27% en 2000). El agotamiento de las reservas pesqueras pone en riesgo la seguridad alimentaria de comunidades costeras de bajos ingresos y los medios de vida de pescadores pobres y vulnerables, que deben alejarse cada vez más de la costa para conseguir llevar a casa capturas cada vez más pequeñas.
Pero a pesar de estos datos preocupantes, los gobiernos todavía gastan alrededor de 35 000 millones de dólares al año en subsidios a la pesca, de los que dos tercios se destinan a la pesca comercial. Esos subsidios mantienen en el mar muchos barcos pesqueros comerciales que en otras circunstancias serían económicamente inviables.
Ya en 2015 la dirigencia internacional reconoció la gravedad del problema y acordó llegar a 2020 con un acuerdo sobre subsidios pesqueros, como parte de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Pero aunque los ministros de comercio renovaron el compromiso en 2017, las negociaciones en la OMC se han estancado una y otra vez.
Sin embargo, el año pasado trajo consigo algunos cambios. Dirigentes políticos y ministros de comercio de todo el mundo me dicen que quieren llegar a un acuerdo este año. En Ginebra, el embajador de Colombia Santiago Wills (presidente de las negociaciones) trabajó con miembros de la OMC para redactar un borrador de acuerdo que en mi opinión puede servir de base para la etapa final de discusiones. Pero a pesar del apoyo político expresado por los gobiernos, subsisten importantes divisiones. De hecho, como están las cosas, corremos riesgo de no cerrar un acuerdo antes de la conferencia ministerial de la OMC que tendrá lugar a fin de año.
Por esa urgencia se convocó a la reunión de ministros de comercio de este mes. Aunque nadie espera un milagro, la reunión es una oportunidad única de aproximar las negociaciones a un acuerdo, que debería alcanzarse antes de la Conferencia de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica de octubre, y a más tardar a fines de noviembre, cuando empieza la conferencia ministerial de la OMC. De lo contrario, correrán riesgo la biodiversidad oceánica y la sostenibilidad de las reservas pesqueras de las que mucha gente depende para la obtención de alimentos e ingresos.
Es verdad que las negociaciones son complejas, porque los peces no habitan un territorio nacional único ni respetan fronteras marítimas. Los negociadores de la OMC deben tener en cuenta el marco normativo internacional actual para la pesca y el papel de los organismos regulatorios de los que dependen muchos aspectos de la pesca en todo el mundo. También tienen que definir cómo se aplicarán las nuevas reglas sobre subsidios a las flotas pesqueras de aguas distantes.
Las dificultades se agravan por el hecho de que la OMC no se especializa en la gestión de pesquerías. Pero cuenta hace tiempo con un marco normativo que limita el uso de subsidios distorsivos del comercio en el caso de bienes industriales y agrícolas. Por eso en 2001 los ministros de comercio acordaron implementar medidas similares para proteger las pesquerías marinas.
Todavía hay mucho por hacer, pero el borrador de acuerdo puede ser un aporte importante a la sostenibilidad de los océanos. Para empezar, incluye la prohibición total de proveer financiación estatal a la pesca ilegal, que según la FAO supone entre 11 y 26 millones de toneladas de peces al año (aproximadamente el 20% del total mundial de capturas). Además, los gobiernos que subsidien la actividad pesquera estarán obligados a demostrar que han tomado los recaudos necesarios para evitar la sobreexplotación de las reservas.
Uno de los obstáculos más difíciles es el modo de definir y hacer valer el mandato de negociación original que garantiza un trato especial y diferencial para los países en desarrollo (en particular, para los menos desarrollados). Muchos dependen de la pesca artesanal en pequeña escala, y están buscando obtener más margen para políticas que les permitan desarrollar sus capacidades pesqueras industriales. Pero como no tienen la misma capacidad de gestión de pesquerías que los países más ricos, es posible que no puedan implementar los nuevos regímenes de subsidios con la misma rapidez y eficacia.
Otra cuestión difícil es cómo garantizar transparencia, incluida la obligación de los países miembros de notificar cuando usen subsidios (que no sean dañinos o distorsivos) para alentar sus industrias pesqueras. Son temas de los que tendremos que hablar aunque nos cueste, porque los miembros de la OMC han prometido proteger las pesquerías y el océano de todos.
Si de las negociaciones surge un final para los subsidios nocivos a la pesca, los miembros de la OMC no sólo estarán honrando sus compromisos pasados, sino que también darán impulso a otras iniciativas internacionales orientadas a resolver problemas de bienes comunes globales, del cambio climático a la pandemia de COVID‑19.
Esperemos que los ministros de comercio de todo el mundo estén a la altura del desafío.
Por Ngozi Okonjo-Iweala – Traducción: Esteban Flamini
Ngozi Okonjo-Iweala fue ministra de finanzas y de asuntos exteriores de Nigeria y directora gerente del Banco Mundial; en la actualidad es la directora general de la Organización Mundial del Comercio.
Fuente: Contra Punto – El Salvador