La diputada (FdT), Natalia Sánchez Jáuregui, presentó en las últimas horas un proyecto de ley que busca otorgarle la facultad a la provincia de Buenos Aires de administrar una de las tres terminales de carga del puerto de Quequén. Denuncia que directores del Consorcio Portuario ejercen presión para renovar la concesión.
La sociedad de Terminal Quequén S.A., «está integrada, en su mayoría accionaria, por empresas multinacionales con casa matriz en el exterior, Glencore SA (ahora Viterra), Cofco SA, Bunge SA y por las locales Curcija SA, Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Centro de Acopiadores de Cereales de Necochea, y la Sociedad Rural”, detalló Sánchez Jaregui en los fundamentos de su iniciativa.
La diputada del Frente de Todos, afirma que la empresa “se encuentra haciendo un importate lobby en el directorio del Consorcio de Gestión del Puerto Quequén a través de los directores que puso en el mencionado ente para continuar con la explotación del elevador”.
Sánchez Jauregui en concreto señala a Daniel Arce (gerente de la Terminal Quequén SA), a Daniel Monjes (secretario general del gremio Terminal Quequén SA), a Alejandro Gallegos (director de Glencore SA de la cual es socio) y Mario Goicochea (Cámara de servicios Portuarios).
Sánchez Jauregui cierra los considerandos de su proyecto con un concepto de fuerte contenido político al marcar que “resulta urgente cambiar el sentido, alcances y efectos de la administrador del elevador, so pena de continuar impávidos, a un desmesurado avance de objetivos estrictamente empresariales y privados, sobre el patrimonio público”.
“Todo ello se agrava, mediante el abusivo ejercicio de la consignación judicial apuntada, traducida en un perjuicio irreparable para las arcas públicas, generando asimismo un verdadero enriquecimiento sin causa para la sociedad que opera el elevador”, agrega.
Sánchez Jauregui también se apoya en la “opinión ciudadana” respecto a un “reclamo constante de los habitantes de las ciudades que circundan el Puerto Quequén por la falta de beneficios por la actividad portuaria, circunstancia agravada por los perjuicios que genera la actividad en el aspecto estructural (rotura de calles) como en el ambiental (polución)”.
La propuesta de la diputada establece con relación a la duración de la sociedad, un plazo de 99 años, contados desde la fecha de su inscripción en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, mientras que la composición accionaria será un 100% del Estado Provincial.
Fuente: diputadosbsas.com