El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, celebró hoy la sanción definitiva en el Senado de la ley que eleva las multas y sanciones a la pesca ilegal en aguas argentinas, una iniciativa que, dijo, «busca ser un disuasivo» para la «conservación y el manejo eficiente» de esos recursos, además de «afianzar la soberanía de nuestro país sobre el Atlántico Sur».
«Elevar las sanciones y multas a quienes ejerzan la pesca ilegal en aguas argentinas significa defender los recursos de los 45 millones de argentinos y argentinas», remarcó Filmus, tras la aprobación en la cámara alta, del proyecto de ley enviado al Congreso por el presidente Alberto Fernández «con el objetivo de afianzar la soberanía nacional».
El funcionario de la Cancillería detalló, en un comunicado, que la nueva ley que eleva las multas a la pesca furtiva «busca ser un disuasivo que permita colaborar con la conservación y el manejo eficiente de estos recursos, además de afianzar la soberanía de nuestro país sobre el Atlántico Sur, incluyendo las aguas que circundan a las Islas Malvinas».
Para Filmus, el «consenso alcanzado» en torno a la iniciativa evidencia «la importancia de consolidar nuestra soberanía con políticas de Estado a largo plazo», al reafirmar el camino trazado por el presidente de la Nación en sus discursos de asunción y de apertura de las sesiones legislativas.
El proyecto de reforma de la Ley Federal de Pesca (24.922) fue elaborado en forma conjunta por los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Agricultura, debatido con las cámaras del sector, aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados y dictaminado en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.
La norma sancionada actualiza las multas a la pesca ilegal que habían sido fijadas en el año 1998, en épocas de la convertibilidad.
Estas multas, estipuladas en pesos, después de más de veinte años resultan irrisorias, ya que actualmente la multa máxima (que en su momento equivalía a 10 millones de dólares) es de 10 millones de pesos, es decir, algo menos de 150 mil dólares.
Los números dejaban en claro la necesidad de adecuar y generar un régimen de multas efectivo a largo plazo.
Fuente: Telam