La ley que fue aprobada anoche en el Honorable Senado de la Nación, aumenta las multas a los barcos que pesquen ilegalmente y las embarcaciones sancionadas deberán pagar el flete. La norma alcanza a buques extranjeros pero también a buques de bandera argentina.
No obstante de contar con los votos suficientes del oficialismo y sus aliados en el Senado, Juntos por el Cambio cuestiona su aprobación en Diputados.
La ley que modifica los Artículos 51, 52, 54 y 58, de la Ley 24.922 «Ley Federal de Pesca» y sus modificatorias, aumenta las penas por pesca ilegal y, lo más importante, establece que la totalidad de los gastos por la captura deberán ser absorbidos por los infractores, «sin restricción», según anunció el senador Adolfo Rodríguez Saá, miembro informante del proyecto.
A eso se suma «el aumento de montos de las multas, sin mínimos y máximos. Estamos defendiendo la soberanía argentina sobre los mares, es una política de Estado. En la comisión hubo unanimidad y estamos todos de acuerdo, por eso, se recomienda que se vote favorablemente».
La multa será establecida en unidades de valor denominadas Unidades Pesca (UP), equivalentes al precio de un litro de combustible gasoil y la autoridad de aplicación determinará el procedimiento de fijación del valor en moneda de curso legal de las UP.
La multa mínima será de 1.000 Unidades Pesca y la máxima de 300.000 Unidades Pesca, cuando la infracción de que se trate sea la de pescar sin autorización de captura, carecer de una cuota individual de captura o pescar en zona de veda, la multa mínima no podrá ser inferior a 3.000 UP. Y cuando la infracción de que se trate sea la de pescar sin permiso, la multa mínima «no podrá ser inferior a 500.000 UP y la máxima de 3.000.000 UP.
Además cuando se trate de embarcaciones extranjeras, se habilita a retener el buque y que los gastos que eso demande correrán por parte del propietario, la iniciativa del Ejecutivo incorpora que «todo ello» será «sin perjuicio de las sanciones penales y/o aduaneras que pudieran corresponder.
Con esta Sanción, solo queda pendiente la publicación en el Boletín Oficial, para su entrada en vigencia.