A penas conocido el contenido del proyecto que le otorga a la AGP el cobro del peaje y lanza una licitación por un año (entre los factores mas preponderantes) se empezaron a oír las voces en contra.
Por caso, este portal realizó una serie de consultas a distintos actores del quehacer portuario que ya se han expresado sobre la posible licitación de las vía navegable troncal.
Horacio Tetamantti – Ex Subsecretario de Puertos y Vías Navegables
Tildó la iniciativa de «mamarracho» y abogó para que el Presidente Alberto Fernández no avance con ella.
«Es evidente que denota una gran improvisación. La AGP residual lo único que ha hecho en los últimos 25 años es administrar las playas de estacionamiento de puerto madero, los depósitos fiscales y las concesiones a las multinacionales entregadas en la década de los 90 cuando el puerto de Buenos Aires fue privatizado».
«Los resultados de su gestión han sido poco positivos para la argentina. Es en definitiva una gerenciadora de bienes raíces».
«Es una enorme irresponsabilidad de la gestión del ministerio de transporte actual haber continuado con la política del anterior ministro Dietrich de dinamitar a la autoridad portuaria nacional ( 24093) que es la responsable de las vías navegables federales argentinas».
Juan Carlos Donato – Especialista Portuario – Asesor Legislativo
Por su parte Donato expreso que el proyecto de decreto estaría alterando diversas normas nacionales que están establecidas por ley.
«Veo que difícilmente este proyecto de Decreto sea refrendado por el Presidente, en principio porque para otorgarle dichas facultades al Ministerio de Transporte deberá modificar la ley de puertos (24.093/92), que establece en su Reglamentación, lo siguiente: “La autoridad de aplicación de la presente ley será la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, que revistan el carácter de Autoridad Portuaria Nacional”.
«En cuanto a la AGP, recordemos que fue liquidada en el Decreto 817/92 pero en 1993 se procede a licitar la concesión de las terminales, bajo la órbita de la AGP. En 2003 se eliminó el término “en liquidación” pero estableció que tiene a su cargo el cumplimiento de las misiones de explotación y mantenimiento de la infraestructura de las áreas no concesionadas, como así también las funciones de Autoridad de Aplicación y ente de contralor del cumplimiento de las obligaciones contractuales de los concesionarios de las terminales privadas frente al ESTADO NACIONAL y las tareas de mantenimiento, dragado y balizamiento de los canales de acceso al Puerto de Buenos Aires y del vaso portuario».
«Es decir que, si bien continúa llamándose Administración General de Puertos, se le limitó el ámbito de aplicación al Puerto de Buenos Aires. Seria desaconsejable que de un día para el otro sume a su ámbito de aplicación el litoral fluvial y marítimo de nuestro país además de arrogarse la autoridad portuaria nacional y salir a dragar canales de acceso a puertos públicos. Traducido: dicha empresa del Estado pasa a ser juez y parte».
Para poder hacer todo eso debieran modificar la Ley 24.093/92 de Puertos y también la 24.156/92, de Administración Financiera. Algo que políticamente es inviable a cuatro meses de las elecciones.
Fernanda Vallejos – Diputada Nacional (FdT)
En el caso de la Diputada Fernanda Vallejos, presentó hace algunos días un proyecto de catorce puntos, que contradicen el contendido del proyecto impulsado.
- Revisión integral de la Ley Nacional de Puertos N° 24.093, sancionada en 1992, con el objetivo de recuperar la capacidad de control, fiscalización y transparencia en el movimiento de las mercancías, lo que debe ser incluido en la legislación.
- Registro Nacional de Puertos Públicos y Privados que operan en el país. Y control de habilitaciones.
- Fortalecimiento de los mecanismos de control para combatir las operaciones fraudulentas en las declaraciones mediante subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones, y el contrabando de bienes transables.
- Mayor control de la navegación y operatoria de embarcaciones de bandera extranjera, que transportan la mayor parte de toda la carga que circula por esta vía fluvial.
Estos son algunos de los puntos que la diputada nacional oficialista impulso como elementos necesarios para avanzar con la mal llamada Hidrovía.
Santiago Ali Brouchoud – Movimiento Federal por la Soberanía Nacional
Integrantes del MFPLSN no se mostraron conformes con el proyecto de Decreto, especialmente porque no deroga el Decreto 949/20 que es el centro de las diferencias con el Gobierno Nacional.
«Luego de una lectura rápida del texto observamos que le otorga control de administración y cobro de peaje a la AGP, cosa que no disgusta por que se trata de un área del estado».
«Tiene una duración de 12 meses prorrogable, pero se ratifica el decreto 949/20 y la licitación pública nacional e internacional. Además si no se modifica sustancialmente el presupuesto de la Administración y no se controlan los embarques en puertos privados es imposible lograr la trazabilidad de los productos del lugar de producción a los puntos de embarque».
No dice nada de controlar los contenidos de las cargas ¿Además del tonelaje que control hay?, Si la Administración puede hacerlo por 12 meses ¿por qué no puede hacerlo siempre?
«Es imprescindible que se derogue el DNU N° 949/20 y que se cree una empresa de dragado y balizamiento estatal, éstas siguen siendo las soluciones».
«Por supuesto que también los organismos nacionales como Aduana, SENASA, UIF, Prefectura y Gendarmería cumplan sus funciones y aumenten los controles. No sólo se trata del dragado y balizamiento, sino que hay que combatir la sobre y sub facturación, el contrabando de materias primas y el contrabando en general. Ni que hablar del narcotráfico».
Juan Carlos Schmid – Secretario General de Dragado y Balizamiento
En el caso del dirigente sindical que también es el Secretario General de la FeMPINRA e integrante de la CATT y de la ITF, su posición choca pero desde otro ángulo.
En un reciente conversatorio, de los tantos que abundan sobre este tema, Schmid manifestó «El Patrón Estado, siempre ha sido malo para operar«.
Contrariando lo que le dijo a «Letra P» en un reportaje realizado el día de hoy, al ser consultado sobre ¿Por qué el sector privado resiste el control estatal? contestó «Habría que preguntarles a ellos por qué están tan preocupados y hablan de complicidad cuando nadie ha anunciado una estatización como sobre la que hablan. Nadie dijo que hay que retirar el sistema de peajes y que no haya una licitación. Se propone mayor control de las provincias y monitoreo, algo que estaba bastante desdibujado. Los privados levantan su voz porque, tal vez, no son muy transparentes en el manejo de la comercialización del comercio exterior«.