HIDROVÍA PARANÁ-PARAGUAY: ¿CONCESIÓN O ESTATIZACIÓN?

Si buscamos la palabra “Hidrovía” nos encontramos con que los diccionarios no la incluyen y hasta algún que otro buscador la asocia con una expresión en portugués la cual, traducida al español, sería algo como “camino acuático”.

Esta extranjerización del término nos recuerda a la colonización ideológica de la cual habla Arturo Jauretche en “Profetas del odio y la yapa”.

La importación del idioma sugiere una contundente táctica para quitarle contenido Nacional a las cuestiones. No es lo mismo decir que la hidrovía ha sido llamada a licitación, que indicar que el Río Paraná volverá a ser entregado a empresas extranjeras.

La realidad es que, desde el año 1996 la vía troncal de navegación Argentina está en manos de una empresa llamada “Hidrovía SA” que la constituyen Emepa SA (Argentina) y Jan de Nul, compañía Belga a cargo del dragado y balizamiento de los ríos, para mantenerlos operativos y que las embarcaciones puedan trasladar las cargas con normalidad.

Esta concesión venció el 30 de abril y fue extendida 90 días por el Gobierno Nacional. Como todos los temas técnicos que toman relevancia pública hay dos posturas infaltables: la de los opinologos que siendo ajenos al debate se animan a ser parte, y la de los oportunistas, que defienden intereses propios.

La mal llamada Hidrovía posee una importancia geopolítica y estratégica de cara al bienestar y el desarrollo de nuestro país. Si la Argentina cobrara lo que produce durante tres años, sería capaz de saldar con creces la deuda externa contraída por el anterior gobierno.

La política debate internamente la opción de volver a concesionar la totalidad del trabajo, mientras que un sector más reticente propone la estatización. Si bien es cierto que hoy nuestra industria naval no posee los medios para hacerse cargo del Dragado en forma inmediata, es menester que el Estado cobre el peaje constituir sobre las vías navegables una matriz de recaudación que se vuelque en soluciones y obras para la población y, además, que mantenga un profundo y estricto control sobre la cantidad y la variedad de cargas que a través de ella se trasladan, con el objetivo de minimizar el contrabando que se produce por vía fluvial y marítima.

Se estima que la Argentina pierde unos 30 mil millones de dólares al año por contrabando y evasión en la exportación de soja, aceites, combustibles, minerales (una única empresa, “La Alumbrera” evade cerca de 9 mil millones de dólares anuales declarando solo 3 de las 22 “tierras raras” que vende).

Como si esto fuera poco, la actual concesionaria Jan de Nul comercializa las arenas de sílice que extrae al dragar el Río Paraná y son un insumo fundamental para la industria del “fracking” en Vaca Muerta.

Como vemos, la mal llamada Hidrovía posee una importancia geopolítica y estratégica de cara al bienestar y el desarrollo de nuestro país.

Si la Argentina cobrara lo que produce durante tres años (con un eficaz control para detectar y sancionar evasión y contrabando), sería capaz de saldar con creces la deuda externa contraída por el anterior gobierno.

Finalmente, en torno a la nueva concesión de nuestros Ríos, la mejor solución es un acuerdo de participación público-privada donde el sector privado se encargue de las operaciones de mantenimiento y mejora y el Estado controle, regule, perciba el arancel por Peaje y se quede con las arenas removidas para auto abastecer la industria petrolera, fundamentalmente los yacimientos de YPF, disminuyendo costos y mejorando la rentabilidad.

Por: Giuliano Falconnat, Secretario Gremial de la Federación Universitaria Tecnológica

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