Política marítima y portuaria: Sin tutela del Estado no hay trabajo nacional

La noción de puja distributiva se emplea más habitualmente en economía, el concepto alude a la disputa por la distribución que se genera a través de un proceso productivo.

Cada vez que nos queremos referir a estos temas debemos sortear la siempre presente y fácil burla de los que nos quieren tildar de “nostálgicos”, pero no es nostalgia, es simplemente recordarle a la muchachada, por alguien que atravesó por las dos etapas, que sin duda la mejor para el trabajador fue con el Estado ejerciendo la tutela para una correcta correlación de fuerzas.

En los 70’, en el puerto de Mar del Plata, sin  haber alcanzado los veinte años, no había manera de cruzar la actual Av. De los Trabajadores, ex Martínez de Hoz, y salir con unos cuantos jornales bien ganados. Los cajones se lavaban a pie de muelle en el lavadero de Copemar, donde si no eras muy blando y bancabas un turno de 10 horas con la manguera a presión, te ibas a tu casa con el equivalente a un mes de alquiler de entonces.

Una vez que acomodabas el lomo a trabajar en el puerto ya te venían etapas superiores en esfuerzo y en paga, cada vez que entraba un mercante podías picar en la descarga con el “Turco Jaluf” que pagaba desde las 19 hs a las 7 hs horario nocturno, cobrabas al pie de la planchada, a la finalización de cada turno y con la consabida pregunta de rigor: “¿ Pibe, se hace un turno más?” y cómo ibas a decir que no, si lo que te pagaba el “Turco” daba para vivir muy bien, sin sobresaltos hasta la entrada del próximo mercante.

Una vez pasado por estos filtros y con edad de libreta de embarque, venía lo más deseado y respetado, la posibilidad de “ir al agua”, que es referencia clásica a embarcarte en algún pesquero. No se conocían las empresas como grupos, sí, eran armadores grandes: Mellino, Greco, Ventura, Rodríguez Do Paso e Inda.  Dominaban la actividad pesquera de entonces, no se conocían los factorías,  lo más grande que veíamos en nuestros muelles eran el “Joseph Duhamel” el “Ila” y el “Virgen de la Estrella” de Sasetru y no mucho más.

Era tal el nivel de trabajo y buenos salarios que aportaban esas empresas con el producto descargado en tierra, que la calle 12 de Octubre era desbordada por una marea de uniformes blancos de la gente del pescado en su vuelta al hogar.

A la vez que no se podían llenar las tripulaciones del “Nosu” o el “Islas Malvinas”,  los que prometían una libreta a cambio de realizar una marea de 30 días a bordo, era tan rentable y menos peligroso trabajar en los frigoríficos como en un buque pesquero, ingresar al puerto era sinónimo de trabajo duro pero bien remunerado.

Pero donde verdaderamente se ganaba muy, muy bien, era en las embarcaciones amarillas por su sistema de pagos “a la parte”.  El mismo consistía en tomar la producción total del buque dividirla en 22 partes, 11 para el buque y 11 para la tripulación según las categorías. Para decodificar esa producción hacia falta un instrumento ineludible, el “Estado”,  a través del “mercado concentrador pesquero” por donde todas las cargas debían pasar si o si y en donde se fijaban los precios de los que se deducirían nuestros salarios.

Para los buques de altura era la misma metodología pero con la diferencia de que el tripulante se llevaba un porcentaje de esa producción un buque de 5000 cajones o más tenía el 0.95 de producción y un buque de 1500/2000 cajones se llevaba el 2.11 % de la suma estipulada por el mercado concentrador.

Eran años donde para los viejos marineros como “Saca truja”, “La Liebre”, “El Tucu” o “El Hugo” el solo hecho de cambiar el oficio y “armar a la anchoíta” o una buena temporada de “bonito”,  les era sinónimo de adquirir o de mudar su familia a una mejor casa propia. Quien escribe tuvo la oportunidad invalorable de ir al agua con esa gente y cada viaje de no más de 72 horas me redituó el equivalente a 12 alquileres de un buen departamento en el centro de la ciudad, con un buque de no más de 1000 cajones, el “Comodoro Rivadavia”.

Los ’90 sin el Estado ¿Cómo nos fue? 

Hasta el año 89 una tonelada de producto descargado en el muelle cotizaba a algo más de 1 mil dólares la tonelada, el trabajador cobraba 5 mil dólares por mes, las grandes empresas comenzaron a ceder sus espacios y embarcaciones a quienes, hasta hace nada, eran empleados suyos y habían estado observando como quebrar la lógica distributiva imperante hasta entonces.

Así desapareció “Mellino” y surgió un ignoto “Solimeno”, cayó “Mediterránea” surgió “Valastro”, cayó “Ventura” surgió “Moscuzza”, cayo “Inda” y surgió “Alpesca” cayó “Greco” y surgió “Di Leva” y como si fuera poco surgió “Baldino”, el estandarte del modelo que se auguraba uno de los mayores poseedores de cuotas de nuestro caladero y prácticamente sin gente a cargo, solo comercializando sus cargas al pie del camión, así arrancaban “Los Gordos”.

Como para todo hace falta “la decisión política”, en este caso la hubo. Emblemáticamente, a mi criterio, en el lugar en donde toda la flota artesanal descargaba su producción diaria y hasta funcionaba una sede del Banco Nación,  se pasó una topadora quedando una plazoleta desierta, en donde una vez al año, en temporada más precisamente, se instala una carpa donde desde el ’90 para acá cada gobernador de la provincia viene y, arrojando unos fideos a una olla de agua hirviendo, nos miente descaradamente acerca del futuro de la pesca y el despegue definitivo, ahora sí, de nuestro puerto.

La decisión política se terminó de plasmar y para ello se promulgó el decreto 817,  el que permitió y abrió las puertas a la mayor desregulación de las actividades portuarias. Nos convirtieron en consorcio, desapareció el mercado concentrador, nos acostamos portuarios y amanecimos empleados de comercio, nos robaron nuestros aportes para convertirlos en comunes, flameó la bandera panameña hasta en nuestra base naval, aparecieron buques hasta con bandera de Bolivia, empezaron a llegar micros con chicos de otras provincias para embarcar, a la vez que se le empezó a negar el trabajo a tripulaciones locales.

Nos mensualizaron, aparecieron los factorías y los 15.000 trabajadores del pescado comandados por Abdul Saravia, se redujeron a escasos 4.000, la ola de uniformes blancos no desbordo más las calles del puerto. Alguien, al grito de “competencia desleal”, si ese mismo, hizo desguazar el dique flotante Yerba 1 propiedad de la armada, con lo cual desaparecieron las posibilidades de changas en un astillero de porte para izados mayores. Aparecieron nuevos coeficientes de conversión y así lo que fueran sueldos importantes se redujeron a mensualizaciones respetables según las bodegas.

Aparecieron los “grupos”: Los españoles, los chinos y coreanos con sus poteros, los fondos de inversión, se reconvirtió nuestro lenguaje empezamos a escuchar de adquisiciones hostiles, cortoplacistas, Wall Street, empresas de capitales mixtos, filiales, matrices, pacto de Madrid y consensos varios.

Pero la realidad es que hoy, sin el “mercado concentrador”, un tripulante de la flota fresquera por la temporada 2021 percibirá $ 117 por  1 kg de langostinos , ese mismo kilo desde noviembre se estuvo  comercializando 8,50 US$ por kg y el que recibe en Europa, libre de arancelamiento lo sube a góndola o lo exporta por 18 y hasta 36 dólares el kilo según la medida, en promedio 20 dólares es decir (20 US$ x kg).

Coeficientes mediantes, podemos decir que de mantenerse estos precios y la demanda actual y capturando por ejemplo cincuenta mil toneladas la puja distributiva queda de la siguiente forma:

1) Tripulantes con 50.000 (t) = 50.000.000 x 117 $ = $ 5,850.000.000 o US$ 58,500.000
2) Armadores con 50.000 (t) = 50.000 x 8,500 US$ = US$ 425, 000.000
3) Matrices de Europa 50.000 (t) = 50.000 x 20.000 US$ = US$ 1,000.000.000

El Estado, este Estado, nuestro Estado pese a ser dueño de sus recursos en esta puja solo se limita a esperar que no le mientan mucho en las capturas y así poder cobrar las retenciones a lo declarado por carta fox a armadores que entienden un solo idioma. Mal que nos pese, los kelpers nos están mostrando como tratar a los poderes concentrados detrás de la pesca, licencias si o si, para cuotas y tener una operación pesquera en las Islas, la mayoría accionaria debe ser del país o territorio dueño del recurso.

Esos números que nos arrojan nuestros productos en góndolas europeas son la mejor demostración de que seguimos mandando riquezas afuera, generando pobreza interna. Si el Estado debe abstraerse de todas las actividades rentables que podrían mejorar la vida de su población.

Sería bueno también que deje de asistir a esta actividad con un combustible diferenciado a través de YPF, que deje de encargar buques afuera y que les fije un arancelamiento en serio a las construcciones que se hacen fuera de nuestro país, como a las mercaderías en estado primario sin pasar por trabajadores argentinos conforme las leyes que regulan la actividad.

Por: Walter Castro – Secretario General del SANAM

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