Se trata de una nota enviada a la gobernadora de Santa Cruz Alicia Kirchner por las empresas asociadas a CAPECA y las independientes Argenova y Empesur donde sostienen que es prácticamente imposible pensar en proyectos productivos serios en Puerto Deseado mientras no se cumplan con las leyes y no se respete la paz social.
Según da cuenta el portal Mar&Pesca, la misiva que ya se encuentra en poder de la mandataria, abunda en detalles sobre los últimos conflictos suscitados en la localidad, y tras acusar literalmente de extorsionadores a los operarios de la estiba propone que se termine con el sistema de listas únicas en la estiba y se permita realizar el consolidado de contenedores en planta con personal propio.
La propuesta enfureció a los trabajadores quienes elaboraron un documento donde sostienen que “eliminar una de las herramientas más importantes que le garantizan al trabajador poder ejercer su labor como estibador como lo es la lista rotativa, o desregular la contratación en los establecimientos pesqueros considerados zonas secundarias aduaneras donde el SUEPP tiene presencia, es un avasallamiento no solo a la libertad sindical sino una pérdida de derechos laborales”.
Por su parte, los trabajadores nucleados en SUEPP y a través de un extenso comunicado de prensa manifestó que «no vamos a permitir que, a pedido de sectores y grupos especuladores se adopten medidas por fuera de la ley que puedan llegar a afectar la estabilidad laboral de ningún trabajador portuario, la pérdida de derechos, y la violación al derecho humano fundamental como es la libertad sindical». Mas adelante expresaron «Esta temeraria actitud adoptada por este grupo empresario no puede ser posible sin el aval de algún sector político que, vinculado a estos personajes utilizan las estructuras de la democracia para hacer sus negociados en desmedro de los derechos de los trabajadores» Para finalizar solicitando «se adopten medidas correctivas a aquellas empresas que año a año llevan sus barcos a otros puertos, empresas que celebran contratos semanales con operarios y luego son despedidos, empresas que desconocen a las autoridades provinciales y hoy pretenden presionarlas, con falsas acusaciones, para desestabilizar, e intentar trasgredir la paz social y el diálogo social, tan necesario e indispensable, en esta situación de excepción producida por la pandemia y así, poder, entre todos, encaminar a nuestra provincia a un futuro próspero de producción y trabajo».
Fuente: Mar&Pesca