El Reino Unido ha subsistido en Malvinas por la pesca, fundamentalmente con las 1.887 licencias otorgadas a buques españoles (más las concedidas a las sociedades mixtas británico-españolas) entre 1989 y 2019.
Donde se extraen 250 mil toneladas de recursos pesqueros en ese territorio argentino, cuyos productos finales, no solo compiten con las empresas argentinas, sino también con las españolas radicas en nuestro país.
¿Cómo se concilia su mensaje, con la pesca ilegal que realizan -desde al menos 1989- los españoles en Malvinas, donde se extraen 250 mil toneladas de recursos pesqueros en ese territorio argentino, cuando la propia O.N.U. en 1976 por Res. 31/49 instó al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a no innovar respecto a la situación imperante en el área?
Se preguntó durante las disertaciones del Seminario “Un abordaje sobre la Pesca Sustentable” al Andaluz Don Javier Garat, Sec. Gral. de la Confederación Española de Pesca (CEPESCA); Pte. de la Coalición Internacional de la Asociación Pesquera (ICFA) y Pte. de Européche.
«los españoles no pescan ilegalmente en Malvinas» contesto Javier Garat, desconociendo, lo que la U.E. entiende pesca INDNR, ya que bastaría que esos buques españoles pesquen en Malvinas sin permiso ni cuota argentina para calificarla así. En especial, teniendo en cuenta, que España reconoce la soberanía argentina en Malvinas; que su gobierno tiene obligación como Estado de Bandera de controlar que sus buques no violen el derecho internacional y, cumplir con las exigencias del Reg. (CE) 1005/2008 del Consejo del 29/09/2008 y modificatorios y, el Reg. (UE) 2017/2403 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12/12/2017 y ampliatorias, sobre gestión sostenible de las flotas pesqueras exteriores.
Repreguntado Garat sobre ¿Qué origen tienen los productos capturados en Malvinas y desembarcados en Vigo? contestó: «operando con bandera española, según la legislación internacional, el origen es español». Al respecto, diría Diego Maradona, sobre el experimentado y vende humo de Don Javier: “me la dejó picando”. Traduzco: los barcos españoles, con bandera española, pescan en forma ilegal en territorio argentino (Malvinas) y no solo nos roban nuestros recursos, sino que luego los ingresan a Vigo, los reprocesan y comercialización en toda la U.E. como de origen español. Esto es lo que se llama “traceability trout” (trazabilidad trucha, para los argentinos) ya que no están garantizadas todas las exigencias del Reglamento de la U.E. sobre Pesca INDNR, en especial sus ítems 7, 10 y 11, ya que no existiendo acuerdo con la Argentina no está garantizado el origen, la certificación, los eventuales transbordos, el uso de puertos y por supuesto los controles, etc.
¿Quién se beneficia con todo esto, además de los depredadores españoles? El Reino Unido, que ha subsistido en Malvinas por la pesca; fundamentalmente con las 1.887 licencias otorgadas a buques españoles (más las concedidas a las sociedades mixtas británico-españolas) entre 1989 y 2019, cuyos productos finales, no solo compiten con las empresas argentinas, sino también con las españolas radicadas en Argentina.
Los argumentos de Garat, podrían convencer a los empresarios europeos o argentinos sobre cómo proteger los negocios de España; pero no darnos clase sobre la sostenibilidad de las especies, la protección del medio marino o el cuidado de los trabajadores en la pesca, ya que los buques españoles pescan en forma ilegal en el Atlántico Sur y, por tanto, contaminan el mar y, a pesar de que la O.I.T. ha entendido, que «la pesca es una ocupación peligrosa en comparación con otras actividades» España todavía no ha ratificado el Convenio C188 sobre el trabajo en la pesca (2007, núm. 188) y, por el contrario Argentina ya lo ratificó el 15/9/2011.
Los buques españoles en el Atlántico Sur operan en forma ilegal y, ello, queda de manifiesto por diversas cuestiones formales (de origen, etc.) pero, se manifiesta con toda intensidad cuando se capturan recursos migratorios de un Estado ribereño en situación de desarrollo sin acordar con éste, como indica el preámbulo y varios artículos de la CONVEMAR, la Ley 24.922 de Argentina y, por supuesto, cuando son licenciatarios ilegales en Malvinas, incumpliendo con lo previsto en la Res. ONU 31/49 y las normas vigentes de la República Argentina.
Los españoles son depredadores. Las “Patentes de Corso” las utilizaron tanto los buques ingleses como españoles, ambos piratas y, en la versión moderna, los barcos pesqueros españoles debieran ser calificados como piratas cuando capturan sin acuerdo de Argentina en alta mar (CONVEMAR, Art. 101, inc. ii; Artículos 4º; 21º inc. o) y, 22º de la Ley 24.922) los recursos migratorios originarios (los peces son semovientes) de la ZEE Argentina o cuando pescan en Malvinas sin permiso ni cuota argentina (Ley 24.922 Art. 2º; 21º inc. h) y o); 23º al 27º y Ley 26.389 Art. 27 bis).
Hoy, son varias las empresas de capital español radicadas en el país que ocupan los lugares más altos en las exportaciones argentinas, aunque sufren el riesgo país, la inflación, el costo interno, etc. También las hay, quienes como «la empresa española Pescapuerta que habría cedido sus activos en 2015 a la empresa Estrella Patagónica (Continuidad Jurídica por cambio de denominación social) y con ello violarían la Ley 26.389 a partir de que el buque “Falcon” inicie sus capturas en Malvinas en 2021, situación, que se vendría repitiendo desde hace cinco años sin ningún tipo de sanciones para los cuatro barcos congeladores con los que esta última opera en el caladero argentino: “Anabella M”; “Carolina P”; “Mara l” y, “Pescapuerta V”; los que según el art. 2º de la misma Ley (que reformó el 28º de la Ley 24.922) deberían haber caducado automáticamente, a partir de las operaciones en Malvinas del Buque “Venturer” de la sociedad mixta Pescapuerta-Petrel Fishing.
En 2005, España votó a favor de incorporar nuestros territorios (Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y la Antártida Argentina) como británicos en Europa como “Territorios británicos de Ultramar”. Así se vieron beneficiadas las extracciones ilegales españolas y británicas en Malvinas, con beneficios impositivos y de subsidios: que desde hace 15 años ingresan a la U.E. sin pagar arancel alguno, mientras que nuestras capturas habilitadas, además de todo tipo de derechos nacionales deben pagar aranceles para importarse a la U.E. y, muy especialmente, cuando se trata de productos argentinos con valor agregado.
Ahora, con motivo del Brexit sin libre comercio y ante la posibilidad de tener que pagar aranceles de entre el 6 y el 18%, los británicos ilegales en Malvinas quieren extender los beneficios a toda la U.E. a cambio de otorgarles cuotas en nuestras Malvinas. A propósito de ello, Javier Touza, presidente de la Cooperativa de Armadores de Pesca de Vigo nos dice: “Tenemos los mayores pesqueros de la flota de Galicia allí”. Por cierto, los españoles, los isleños británicos y las sociedades británico-españoles son los mayores beneficiarios de las licencias ilegales.
A esta altura deberíamos preguntarnos ¿por qué las empresas españolas propician la construcción de un puerto pesquero en Malvinas consolidando en éstas a quienes les ocupan Gibraltar? ¿por qué destinan sólo el 3% de sus buques arrastreros a aguas comunitarias y el 97% a los caladeros externos (entre ellos, el Atlántico Sur) donde realizan pesca INDNR? ¿Por qué se resisten los empresarios españoles a colocar cámaras a bordo? ¿Por qué los empresarios españoles están preocupados con la logística en Uruguay? ¿Por qué el sector pesquero español tiene gran preocupación frente al Brexit si solo pesca unas 9.000 toneladas en aguas británicas del total de las 922.564 toneladas que dicen que captura? y, ¿por qué esas empresas españolas no se acogen al mismo régimen que las empresas españolas radicadas en la Argentina o acuerdan con ésta conforme lo prevé la CONVEMAR?
Está claro, los españoles son los mejores socios de los británicos. Son los que le han permitido ser “sustentables” (no pescar en forma sostenible) a los británicos en Malvinas. Los representados por Don Javier Garat, quien promueve “consuma español”, una política absolutamente proteccionista y nacionalista en detrimento de los productos pesqueros de exportadores, como Argentina. No aclara, si el origen al que refiere es de la pesca de buques españoles en aguas comunitarias; en Marruecos, Namibia o el Senegal, o las capturas ilegales de especies migratorias argentinas en la Alta Mar, en la ZEE en el GAP o en el territorio marítimo argentino de Malvinas.
Por un lado, es conocido que las aguas del Atlántico Sur son ambiental y sanitariamente más aptas que las comunitarias. Por otra parte, la Argentina aplicó sistemas de aseguramiento pesquero (HACCP, ISO y otros) antes que España y, es un exportador de calidad a los mercados más exigentes del mundo. España es el segundo comprador (después de China) de productos pesqueros argentinos con 78 mil toneladas anuales por 388 millones de dólares (2019); cuenta con certificaciones de la U.E., la FDA y USDA de Estados Unidos, Japón y otros 50 países.
España habla de proteger a los trabajadores de la pesca, a pesar de que ese país todavía no ratificó el Convenio de la OIT C188 “sobre el trabajo en la pesca” y, sin embargo, países que considera alejados a sus estándares como Marruecos, Namibia o el Senegal, donde los buques españoles explotan los recursos, ya lo han ratificado -al igual que Argentina- para proveer mejor calidad y seguridad laboral a sus trabajadores.
La “sustentabilidad a la española”, no solo está referida a vender buques; capturar en forma ilegal o no los recursos, al menor costo posible; oponerse a las medidas de protección del recurso y medio ambiente (por ej. la eliminación de buques de arrastre) o el establecimiento de AMP; promover el consumo de pescado (lo apoyamos); sino también, a asegurarse que los productos pesqueros que se importen se transformen en España. Los sindicalistas argentinos muy agradecidos, el trabajo nacional se regala a los países desarrollados -a pesar del 13,1% de desocupación argentina- para que los españoles no vayan al paro.
Ya en 2020, los españoles, con Don Garat a la cabeza, están muy preocupados por cuidar nuestros recursos y son perseverantes al respecto. La Argentina no ratificó el Acuerdo de Nueva York porque, además de ser una delegación de la administración inadmisible en las Organizaciones Regionales de Ordenamiento Pesquero (OROP) de nuestros recursos originarios y migratorios en el Atlántico Sudoccidental, sería violar la Cláusula Transitoria Primera de la Constitución Nacional; Don Javier se dedica a dar clases de sustentabilidad a la española y, promover Convenios con una ignota ONG OPRAS (Una suerte de OROP), conformada por directivos mayoritariamente de empresas extranjeras agrupadas en las Cámaras sectoriales CAPECA y CAPA que firmaron con la Cámaras Españolas ANAMER y CEPESCA un Acuerdo de conservación y explotación de los recursos pesqueros del Atlántico Sur (¿?). ¿Qué pretensión tendría la citada OPRAS y las Cámaras Argentinas? ¿Sustituir al Consejo Federal de Pesquero en la fijación de la política pesquera en el Atlántico Sur? Bueno, OPRAS, seguro. Basta leer los Acuerdos. Ahora, ¿las Cámaras Españolas? Se supone que deberían limitarse a promover acuerdos con la Argentina, como Estado ribereño, para capturar en la Alta Mar las especies migratorias originarias de la ZEE Argentina. Por cierto, esos Acuerdos, son impresentables porque les permiten a los españoles seguir pescando graciosamente en Malvinas. ¿o es una estrategia británica para hacerles de tapón a los chinos?
Esto de OPRAS no es casual, Don Garat está a favor de las OROP, “son los instrumentos más adecuados para gestionar las poblaciones de peces transzonales y altamente migratorias, así como las de otras especies asociadas”, sostiene.
Hablando en criollo, está a favor de una organización donde los Estados de Bandera (entre ellos el español) contarían con mayoría de votos por sobre los Estados Ribereños (Argentina y Uruguay) en el Atlántico Sudoccidental. Además, de facilitar el intento, del R.U. de ingresar a las OROP por su ocupación ilegal en Malvinas.
¿Están verdaderamente los españoles preocupados por la sostenibilidad de los recursos y la pesca ilegal? a pesar de contar con el Fondo Europeo de Pesca y la Fundación Biodiversidad y, pese, a que más de 50 científicos acreditados del mar le pidieron a la U.E. que actúe para poner fin a la sobrepesca, Javier Garat se manifestó contrario al proyecto de reducir las capturas en la U.E., eliminar en forma progresiva las redes de arrastre e ir hacia la pesca selectiva y dijo: «el sector rechaza la propuesta de la CE de Biodiversidad de eliminar gradualmente la pesca de arrastre de fondo», lo que remató, la Consejera del Mar Rosa Quintana: «(los españoles) solo destinan el 3% de sus buques arrastreros a pescar en aguas comunitarias y el 97% restante los destinan a caladeros externos (entre ellos el Atlántico Sur), donde 193 buques de gran porte efectúan el 58% de las capturas».
Es decir, el preocupado por cuidar el recurso, probablemente promoverá el envío a África occidental o al Atlántico Sur lo que la U.E. rechaza; degradando, depredando y dificultando las operaciones de los pesqueros argentinos.
Por cierto, también se opone a las Áreas Marítimas Protegidas (AMP) diciendo: «cerrar el océano a la pesca entra en conflicto con objetivos fundamentales del desarrollo sostenible, tales como aumentar la seguridad alimentaria y reducir la pobreza». Lo que se llama sostenibilidad débil. Debería saber, que la sostenibilidad no solo es económica y social; también es biológica, ambiental y cultural; por lo cual, bajo justificación de reducir el hambre o la pobreza no se puede agotar un recurso de tercera generación, ya que «la generación actual toma prestados los recursos a las generaciones venideras» (Brundtland, ONU, 1987). Garmendia y colaboradores (2010) considera «sostenibilidad fuerte, a la que se preocupa por la salud del ecosistema, la que asegura la sostenibilidad de los recursos, del ambiente y los asentamientos humanos a perpetuidad» y la sustentabilidad empresaria y laboral. También debiera conocer Don Javier, que las AMP tienen distinto tipo de reservas y, entender, que un Estado ribereño, para el caso, tiene facultades para imponer reservas, restricciones y vedas (no necesariamente establecer AMP) para asegurar la reproducción, el desove y el desarrollo de sus especies migratorias. Los empresarios son meros concesionarios de un recurso del Estado.
La política de la sostenibilidad de la U.E. «…llevará a España a la gestión de licencias extranjeras» manifiesta Don Javier. Suena, vamos por la pesca en Malvinas y en el Atlántico Sur y, si ello fuera necesario, nos disfrazamos de corderos, OPRAS, OROP o lo que fuera.
En esa sociedad británica-española, el R.U. tiene como aliado estratégico a Chile y España construye una sociedad con Uruguay, donde buques españoles utilizan sus puertos, como apoyo para sus operaciones en Malvinas y en alta mar, cuyos ingresos económicos en favor de la economía uruguaya generan vínculos que favorecen los intereses británicos. Argentina, mientras tanto, no avanza en la natural sociedad rioplatense; en la necesaria con Chile para favorecer la integración del área Antártica y bioceánica y, en la impostergable relación con Brasil, no solo comercial, sino para consolidar la “Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur”.
Pese a todas las recomendaciones de la OMC, la producción pesquera española está subsidiada, contrario a la Argentina que sufre una fuerte carga impositiva. Según EuropaAzul (7/7/2020) «Los gobiernos del mundo gastan alrededor de 35 mil millones de dólares en subsidios pesqueros cada año (…) investigaciones recientes del Prof. de Economía Oceánica y Pesquera de la Universidad de Columbia Dr. Rashid Sumaila, indican que la U.E. es uno de los cinco subsidiadores más grandes del mundo y según Fernández Monge aproximadamente el 54% de los subsidios son perjudiciales».
En cualquier caso, los españoles son funcionales a los británicos, ya que en esta sociedad británica-española, han entendido que a partir del Brexit la disputa se dará en los mares, fortaleciéndose el Commonwealth y los territorios insulares, en especial los del Atlántico Sur.
Una estratégica geopolítica, militar, de proyección Antártida y manejo del transporte y el comercio, que como consecuencia del aumento de cargas de 100 a 400 mil toneladas de los super-contenedores, transitan obligatoriamente al pacífico por el Estrecho de Magallanes, ante la imposibilidad de utilizar el canal de Panamá.
El presente artículo es un resumen de la investigación y análisis, autoría del Dr. Cesar Augusto Lerena, y que fue publicada por nuestro portal en la columna de Opinión.