En una nota publicada por Facundo Borrego para el portal periodístico Letra P que contiene un importante aporte de información e interesante visión periodística se da cuenta de los intereses que se entre cruzan en la próxima licitación de la Hidrovia. Trascribimos la publicación.
El diseño de una nueva concesión del sistema de navegación troncal de la Hidrovía, después de 25 años de la primera y única adjudicación, generó una enorme lista de demandas de distintos actores privados, gubernamentales y organismos que quieren aprovechar la hoja en blanco para colocar sus intereses.
Saben que es ahora o deberán esperar varios años hasta una nueva chance. Es el caso de la Unidad de Información Financiera (UIF) que trata de acomodar una silla para centralizar los controles de delitos complejos del sistema portuario, pero por ahora el Ministerio de Transporte no le da el lugar que pretende en la mesa.
El complejo diseño del nuevo pliego le abrió un abanico de reclamos de todo tipo a la cartera conducida por Mario Meoni, por lo que está en constante equilibrio para contener intereses cruzados y lograr un esquema que no termine abarrotado de burocracia. Mientras tanto, afina el texto licitatorio que estará para junio o julio y define quién se hará cargo transitoriamente hasta que termine el proceso adjudicatario.
El organismo conducido por Carlos Cruz mira con ganas esa ventana para avanzar contra los delitos aduaneros, de evasión tributaria, narcotráfico, y contrabando que parecen invisibilizados por la política e incluso por los organismos de control. Para eso busca una estructura que le otorgue el poder de identificar, monitorear, administrar y mitigar riesgos del lavado de activos del corredor fluvial por donde pasa el 80% de las exportaciones argentinas.
Después de presionar para integrar el Consejo Federal de la Hidrovía (CFH) del que la habían dejado afuera, la UIF no anduvo con vueltas y planteó la creación de un órgano de contralor que, a partir de una Base Federal de Información Económica, centralice y releve la información de puertos públicos y privados habilitados o ilegales, de embarcaciones en operaciones y las zonas de producción, procesamiento, transporte y embarque. De esos datos podría nutrirse la AFIP, los ministerios de Agricultura y Seguridad y el INTA.
Resistencias
Por ahora el organismo choca contra algunas resistencias de puertos privados y cerealeras que desconfían del nivel de intromisión que se pueda desplegar en un ambiente que ha carecido de controles tan profundos como los que se plantean. Una reacción esperable que se esconde detrás del fundamento de evitar estructuras administrativas que generan sobrecostos al sistema.
Pero la voluntad de la UIF tampoco encuentra eco en el ministerio de Transporte que comanda la confección del nuevo pliego. La cartera de Meoni piensa en crear un solo órgano de control de la concesión que estará en manos de Nación y las provincias con costa en la Hidrovía y sin lugar para los privados, en lugar de una unidad externa con más funciones. Ese único órgano se encargaría de procesar la información pertinente y girarla a los organismos persecutorios, pero no con el detalle y profundidad del trabajo que pretende la UIF.
Es por eso que existe cierto resquemor interno ante el paredón que levanta el ministerio. Cruz no tiene una terminal política en la que referenciarse por más que tenga sintonía con el presidente Alberto Fernández y haya destacado alguna vez la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.
Tampoco cuenta con un sector definido del Gobierno que lo apalanque en el tema, más allá de las intenciones demostradas por el ministro del Interior, Eduardo De Pedro, y el de Economía, Martín Guzmán. Sin empuje político, podrían quedar condicionadas las aspiraciones del organismo.
La lupa en el grano
Hasta ahora, la Unidad no ha tenido peso determinante en la lucha de los delitos que persigue. Uno de sus objetivos centrales es el contrabando de granos que se trasladan en camiones aunque no parece ser el problema que afecte a la macroeconomía. Los peces gordos parecen ser las presuntas maniobras de grandes firmas agroexportadoras a través de un complejo entramado contable y operativo para ocultar el origen de los granos que compran o comercializan.
También a la hora de esquivar al fisco a partir de operaciones cruzadas entre sociedades de un mismo holding, incluso radicadas en países de baja tributación, o de evadir bajo el esquema de los precios de transferencia o de subfacturación. A todo esto no han llegado los mecanismos de control de ninguno de los organismos del Estado.
El narcotráfico también alimenta al delito que se desliza por el corredor fluvial. Sin ir más lejos, a fin del año pasado se transportaron 16.174 kilos de cocaína en un embarque por el río Paraná. Era una barcaza que había zarpado el 18 de diciembre del puerto de Asunción, oculta en cinco contenedores de latas de pintura y que fueron secuestrados el 12 de febrero en Hamburgo, Alemania. Así, puede decirse que pasó por las narices de la Argentina sin ser detectado el cargamento más grande de cocaína de la historia europea.
Por: Facundo Borrego – Para LETRA P