La diputada provincial bonaerense Natalia Sánchez Jáuregui acaba de presentar un proyecto de ley para que el Estado provincial participe activamente en el comercio de granos.
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En concreto, la legisladora oficialista, oriunda de Necochea, propone que la legislatura bonaerense convierta en ley una proyecto, de su autoría, en el que crearía una sociedad del Estado Provincial denominada «Elevador Quequén SA”, para que administre una de las tres terminales de carga que tiene ese puerto del sur bonaerense.
La intervención estatal sería tanto en la descarga de camiones y trenes con granos que lleguen al lugar, como a la carga de los buques que exporten dicha mercadería. Para ello se valdría de las instalaciones del viejo elevador que manejaba la JNG y que desde la concesión -treinta años atrás- está manejado por un consorcio de empresas agroexportadoras llamado Terminal Quequén SA.
Cabe señalar que el elevador perteneciente a la ex JNG fue privatizado en el gobierno de Carlos Menem, cuando Domingo Felipe Cavallo activo su plan económico.
Resulta público y notorio que se encuentra próximo a vencer el contrato de concesión del elevador que perteneció a la ex JNG y que fue dado en concesión en el año 1992 a la sociedad Terminal Quequén S.A. por 30 años. El indicado elevador fue transferido por el Estado Nacional a la Provincia de Buenos Aires por ley 24.093, pasando de ésta al Consorcio de Gestión de Puerto Quequén (CGPQ) por ley 14922”, recordó la diputada provincial en los fundamentos de su proyecto, que fue presentado en las últimas horas.
En el puerto de Quequén (hoy administrado por un ente público no estatal denominado Consorcio de Gestión Puerto Quequén) funcionan tres empresas dedicadas a ese negocio: Sitio Cero (construido más recientemente y operado por CHS, Cofco y Nari); la terminal cooperativa de ACA y la pretendida Terminal Quequén SA, que maneja las instalaciones más antiguas.
“La indicada sociedad se encuentra integrada, en su mayoría accionaria, por empresas multinacionales de cereales con casa matriz en el exterior, entre los que se encuentran Glencore SA (ahora Viterra), Cofco SA, Bunge SA y las empresas locales Curcija SA, Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Centro de Acopiadores de Cereales de Necochea, Sociedad Rural”, enumeró la propia legisladora que propone crear una empresa estatal para manejar ese elevador.
Según el proyecto, esa sociedad de capital estatal debería distribuir sus beneficios entre organizaciones de la ciudad: 25% al Hospital Municipal José Irurzum de Quequén, 25% al Hospital Municipal Emilio Ferreyra de Necochea, 25% para nuevas inversiones a los fines de mejorar la productividad del elevador y 25% para reparación de vías terrestres de acceso Quequén y Necochea afectadas por el paso de los camiones en su tránsito hacia el elevador y/o reparaciones de la polución que produce su actividad”.
Como argumento para no renovar la concesión, Sánchez Jáuregui recuerda que el holding inició en 2001 un “juicio de consignación judicial de pago del canon ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, y que por esa razón ni el Estado Nacional, ni el Consorcio de Gestión de Puerto Quequén están percibiendo ni un peso por el uso del elevador.
“Así las cosas, cabe aclarar que la indicada sociedad ha realizado muy acotadas inversiones en el mismo, en relación a los beneficios económicos obtenidos a lo largo de sus treinta años de explotación; a tal punto que, sin perjuicio de ser el único elevador en ese puerto de tener dos sitios de atraque”, acotó la legisladora provincial que alguna vez militó junto al líder sindical de los peones rurales Gerónimo Venegas, también nacido en Necochea.
Fuente: Bichos de Campo