Los 71 miembros del fideicomiso Acreedores Granarios de Vicentin, que reúne en el 30% de la deuda de la malograda agroexportadora, salieron a apoyar públicamente la impugnación de Commodities (grupo Grassi) a la oferta de pago presentada por la concursada.
«Como ya hemos manifestado en otras comunicaciones, el fraude que pretende consolidar Vicenti (investigado en la justicia penal) y el desguace que sus directivos están proponiendo sobre dicha compañía (en la justicia civil y comercial), son un golpe al corazón de la cadena del agro, es decir, a cientos de Pymes de todo el país, que verán socavados sus capitales de trabajo, construidos con mucho esfuerzo durante década», arranca un comunicado difundido en la tarde del viernes.
«Con este postulado como estandarte, nos unimos para adherir a la impugnación del acuerdo preventivo sobre la agroexportadora que ha presentado el acreedor granario Commodities SA en fecha 3/5/2023«, agregan.
El jueves, Vicentin salió a comunciar que sólo 5 de sus 1.618 acreedores (que representan el 13% del pasivo) habían impugnado en sede judicial su oferta de pago. Con esos números sobre la mesa, la empresa le reclamaba al juez de la convocatoria, Fabián Lorenzini, que homologue el acuerdo concursal.
«No hemos impugnado formalmente en el expediente concursal para evitar cargarnos con nuevos costos y con una desgastante coordinación a tales efectos, la presentada por Commodities SA refleja el resguardo de los intereses de nuestra parte, contiene los argumentos y observaciones que todos compartimos y detenta la utilidad jurídica necesaria para que no se homologue la fraudulenta y abusiva propuesta concursal», señalaron los 71 miembros del fideicomiso.
«Vicentin hace una propuesta ilegal, abusiva, y en fraude a la ley, que pretende consolidar un plan de despatrimonialización, desvíos de activos y engaño a los acreedores que están siendo dirimidos en la justicia penal, quien además, ha imputado a sus directivos y a los síndicos – miembros de KPMG – de asociación ilícita hace pocos días«, señalan.
Acopios, cerealeras y productores, que representan el 30% de la deuda de la agroexportadora, le piden al juez de la convocatoria que abra la instancia de salvataje por terceros
Según sostiene este nucleamiento de acreedores, la oferta concursal:
«• Pagaría hasta el 100% a los pequeños acreedores para conseguir votos. Al resto menos del 20%, lo que la hace abusiva.
• Es de imposible cumplimiento, ya que pretenden vender bienes embargados por la justicia penal, eso sí, mientras los explotan sin pagar ni un centavo.
• El supuesto pago a 12 años, está sujeto a tantas contingencias que sería, definitivamente, cero.
• Y como broche de oro, pasaría impuestos de Vicentin a los acreedores».
El juez tiene ahora un mes para terminar de analizar las impugnaciones y decidir si homologa o rechaza la oferta de pago presentada por Vicentin.
«Es por eso que este grupo trabaja firmemente para acompañar una alternativa de cara al Cramdown de Vicentin con el convencimiento de que para una empresa en la situación de Vicentin, el aporte del sector proveedor de granos es determinante para la continuidad de la misma«, dicen los acreedores.
«Recordamos que el modelo de negocios que apoyaremos contempla también la voluntad explícita del gobierno nacional de proteger la industria nacional, las fuentes de trabajo, la competencia y evitar el desguace en el sector agro exportador que se advierte con el “intento” de solución propuesto«, destacan.
Mientras Tanto cuatro directores quedaron más complicados penalmente
Doce directivos de Vicentin al momento de la crisis y los tres síndico del concurso de la agroexportadora fueron imputados este jueves de integrar una asociación ilícita destinada a defraudar y estafar a productores agropecuarios y bancos. Pero cuatro de los altos ejecutivos (Daniel Buyatti, Alberto Julián Macua, Roberto Alejandro Gazze y Omar Adolfo Scarel) quedaron más complicados porque fueron señalados como jefes de la asociación ilícita, según la investigación que lleva adelante el fiscal Miguel Moreno.
El fiscal Moreno imputó a todo el directorio por asociación ilícita pero señaló que hubo «jefes».
Para el fiscal, la estafa (que consistió en mostrar una salud económica que la empresa no tenía para seguir recibiendo granos y créditos) fue orquestada a partir de 2017 cuando el directorio empezó a planificar la comisión de una pluralidad de delitos de manera organizada, valiéndose de la estructura de la sociedad “Vicentin Saic” y un conjunto de empresas vinculadas. Pero además la estrategia fue acompañada de una división del trabajo dentro de la organización que establecía distintas responsabilidades. En ese contexto, se argumentó que había cuatro jefes porque “demostraron tener autoridad sobre otros miembros”, según dice en el escrito de 230 páginas.
En el escrito se analizan todos los hechos de estafa y de administración fraudulenta que los fiscales le vienen imputando a la conducción de la compañía. Por ejemplo, un hecho de administración fraudulenta del diciembre de 2019.
Según describe Moreno, «apenas dos días después de que se hiciera pública la comunicación de su cesación de pagos y 18 días hábiles antes de presentarse en concurso preventivo, los integrantes del directorio dispusieron la aprobación de la venta de las acciones representativas del 100% del capital social de la sociedad Tastil SA en favor de la sociedad “Losagor S.A.”, procurando con ello, un lucro indebido en favor favor de esta última por la suma de u$s 1.600.000 y perjudicando la posibilidad de negociación con los eventuales acreedores que se presentarían a verificar sus créditos en el concurso preventivo, con el peligro concreto de conducir a Vicentin a una futura quiebra y el perjuicio que ello conllevaría a la sociedad y sus socios«.
Para el abogado penalista Gustavo Feldman, uno de los principales promotores de las denuncias y quien desde un primer momento sostiene la existencia de una asociación ilícita «fue contundente la evidencia» presentada. «El Fiscal Moreno imputó asociación ilícita con el mismo esquema fáctico que denunciamos hace 3 años. División de roles y funciones. Gazze, Scarell y Macua como jefes u organizadores. Además, las empresas vinculadas como Buyanor quedaron bajo la lupa«, sostuvo.
Mientras el frente penal se le complicó a Vicentin, que ya acumula imputaciones por estafa, administración fraudulenta y presentación de balances falsos, la empresa asegura que se fortalece en el proceso concursal.
«Concluido el período formal establecido para la presentación de impugnaciones sobre la propuesta concursal presentada por la compañía ante el Juzgado Civil y Comercial Nro.2 de la ciudad de Reconquista a cargo del Juez Fabián Lorenzini, la valoración final de los acreedores que deben recibir los pagos arroja que sobre 1.618 acreedores computables, han votado por el apoyo de la propuesta 1.019 acreedores (63%) que representan el 74% del pasivo computable; 594 acreedores (37% que representan el 13% del pasivo) se han abstenido de votar, mientras que solamente 5 acreedores (0,3% que representan el 13% del pasivo) se han opuesto al acuerdo«, dice en un comunicado difundido este jueves.
Quienes impugnaron la oferta son los cuatro acreedores del sector público (BNA, BPBA, BICE y AFIP) y Commodities (del Grupo Grassi, y segundo acreedor comercial en importancia.
Fuente: Rosario3.com