La Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas (AAAA) manifestó su inquietud y desaprobación a los Estudios de Impacto Ambiental presentados en relación al proyecto de habilitación de la vía navegable del Río Uruguay desde Paysandu-Colón hasta Concordia-Salto.
En línea con lo informado por la agrupación, las críticas fueron dirigidas a Alejandro Nardin, de la Secretaría Técnica Comisión Administradora del Río Uruguay, y a los consultores de dicho organismo.
“De acuerdo a análisis técnicos y jurídicos relevados, hemos realizado distintas observaciones sobre aspectos del proyecto, destacando extrema preocupación sobre la falta de una visión integral de cuenca, la necesidad de una Evaluación Ambiental Estratégica, y la convocatoria a licitaciones sin la finalización del proceso de estudios y participación social”, acotó la AAAA.
Los estudios, revelados recientemente, destacan conclusiones que incitaron a la organización a formular las siguientes observaciones relacionados con la “Inexistente visión de cuenca”, esto en cuanto a que los estudios realizados limitan su enfoque al área del proyecto de canalización, “careciendo así de una visión integral de la cuenca. Esta limitación impide abordar impactos sociales y ambientales no estudiados, violando principios fundamentales de prevención y precaución”, explayó la entidad conformada por abogados.
En tanto, la indicó sobre un ausencia “evidente” de una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). “La sucesión de hechos propuestos, con probabilidad de consumarse en etapas a corto y mediano plazo, requiere una EAE previa. Tanto la normativa vigente del Ministerio de Ambiente de Argentina, como la Constitución de Entre Ríos respaldan esta necesidad, considerando que la provincia es la titular originaria de los bienes naturales que podrían ser afectados”, argumentó la AAAA.
También se habló de “Licitaciones sin finalización del proceso de estudios y participación social”, por lo cual la agrupación manifestó que resulta “sorprendente la convocatoria a licitaciones sin la finalización de estudios exhaustivos y la participación social correspondiente. Esta práctica omite consideraciones cruciales para la toma de decisiones informadas y la protección de los bienes comunes”.
“Instamos a una revisión exhaustiva de los estudios presentados, la realización de una Evaluación Ambiental Estratégica y la inclusión de la participación social como componente esencial en la toma de decisiones relacionadas con este proyecto. Destacamos la importancia de considerar los impactos acumulativos de la intervención propuesta, como la necesidad de estudios más profundos sobre los procesos acumulativos de impactos a mediano y largo plazo. Además, subrayamos la ausencia de evaluaciones sobre las condiciones naturales del río y la necesidad de transparencia en los Términos de Referencia de los consultores”, añadió.
“Entre las preocupaciones específicas, destacamos la afectación a áreas protegidas, como el Sitio Ramsar Palmar Yatay, y la falta de consideración de la Ley 10735/2019 que declara áreas naturales protegidas en la región. Enfatizamos la importancia de aplicar el principio precautorio y solicitamos la participación de los organismos ambientales nacionales y provinciales, así como la conformación de un Panel de Expertos Independientes para la evaluación de los estudios. En su estado actual, el proyecto actual no puede continuar. Proponemos la construcción social de los Términos de Referencia para una Evaluación Ambiental Estratégica”, sumó la AAA.
Finalmente, la Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas solicitó la extensión del plazo para observaciones con el objetivo de lograr la participación activa de comunidades y organizaciones sociales, a modo de dar espacio a promover “un diálogo de saberes entre diversos actores interesados en la preservación de los ecosistemas asociados al Río Uruguay”, concluyó.