Julián Suarez presentó su renuncia al cargo de director de Control y Fiscalización Pesquera, quien no solo se negó a despedir personal del área pesca, sino que además, recibió «aprietes» por parte de Cancillería para desregular la actividad y no tomar medidas en el escándalo de un buque acusado por pesca ilegal.
Suárez trabajaba en la Dirección de Control y Fiscalización Pesquera desde hacía 15 años y es de los denominados “funcionarios de carrera” con conocimiento sobre el tema y el cargo que ocupa.
De hecho, estuvo al frente desde el año 2009 y siguió allí durante los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández. Si bien había presentado su renuncia cuando ganó Milei, desde Casa Rosada desde la Subsecretaría de Pesca, encabezada por Juan Antonio López Cazorla, le pidió que continuara en ese cargo. Pero en los últimos días se le ordenaron requerimientos que se negó a aceptar y presentó su dimisión de manera indeclinable.
El caso del buque factoría Tai An, que en los últimos días fue denunciado por pesca ilegal de Merluza Negra en una zona de exclusión, fue el detonante para que Suarez renunciara.
El pesquero Tai An pertenece a la firma Prodesur S.A., propiedad de un empresario de origen Chino, de nombre Liu Zhijiang, cuenta con un permiso de pesca que autoriza la captura de todas las especies con exclusión de Merluza Austral, Langostino y Cuotificadas. Asimismo se encuentra habilitado a la elaboración y procesamiento de surimi, para lo cual no podrá capturar Merluza Común, Merluza Austral, Abadejo, Mero, Gatuzo, Robalo y Rubio; con lo cual, si se corrobora Merluza Negra en sus bodegas, estaría constituyendo una violación al Régimen Federal de Pesca establecido por la Ley 24.922.
Dentro de su bodega, hay 142 toneladas de merluza negra, producto de un alto valor comercial y exportable en un 97 %. La carga tiene un valor aproximado de 4 millones de dólares. La Merluza Negra es una especie que, por las características propias, por la necesaria utilización de artes de pesca selectivos y por la fragilidad a la que la especie está expuesta, debe ser administrada con mucho cuidado, tarea a la que se abocaba la dirección encabezada por Suarez.
Pese a los continuos pedidos de sanción exigidos por la industria (el buque fué denunciado por tres cámaras empresarias, que hasta habían certificado posición y tareas de pesca), Suárez intentó hacer volver al puerto a ese pesquero pero, según trascendió, recibió órdenes contrarias de parte de Cancillería.
La posición del Palacio San Martín fue hacer valer la desregulación de la industria pesquera decidida en el DNU 70/2023. De hecho, una de las tareas que se le exigió a Suárez fue revisar y barrer toda la normativa ad hoc sancionada durante los últimos cuatro años.
El ahora ex funcionario no sólo se negó a ello, denunciando que esa medida generaría un colapso en las tareas de fiscalización y protección de los recursos pesqueros, sino que además reveló que se le pidió despedir a 50 personas de su área y achicar toda el área de control y fiscalización a su cargo.