La empresa BACTASSA emitió un comunicado donde señala que la presunta nueva Resolución Ministerial aludida por sus competidoras Terminales Río de La Plata S.A. y Terminal 4 S.A. “resulta ser antijurídica”. La firma “rechaza abierta y enérgicamente el uso malintencionado de información”.
Luego de que la Justicia Federal ratificara la plena vigencia de la concesión de la Terminal 5 del Puerto de Buenos Aires a cargo de BACTASSA, la empresa explicó que las prórrogas de los contratos de concesión de sus competidoras Río de La Plata S.A. y Terminal 4 S.A. hasta 2024 “no tienen validez legal”.
Por medio del comunicado, la firma, señaló que «con el objetivo de evitar la indebida difusión de información sesgada y/o falsa que provoque confusión o distorsiones en el mercado y perjudique a todos los participantes del sector, es pertinente aclarar categóricamente que la presunta Resolución Ministerial no ha sido publicada en el Boletín Oficial y por lo tanto no se encuentra vigente ni puede producir efecto alguno según el ordenamiento jurídico argentino, al tratarse de un acto administrativo de alcance general (Art. 11° Ley 19.549 y Art. 5° del Código Civil y Comercial de la Nación)”.
También sostuvo que “los contratos de concesión de Terminales Río de La Plata S.A. y Terminal 4 S.A. ya fueron prorrogados y concluyen el 31 de Mayo de 2022, según la Resolución Ministerial MT 120/2020, publicada en el Boletín Oficial el 21/05/2020, aún vigente, sucesora de la Resolución Ministerial 1064/2018 publicada en el Boletín Oficial el 5/12/2018”.
Por otra parte, resaltó que “la presunta nueva Resolución Ministerial aludida por Terminales Río de La Plata S.A. y Terminal 4 S.A. resulta ser antijurídica e ilegítima por ser violatoria de la medida cautelar dictada a favor de BACTSSA por Sentencia del pasado 29 de septiembre de la Justicia Federal en lo Contencioso Administrativo”.
Haciendo hincapié que, en caso de ser publicada, el Ministerio de Transporte “violaría abiertamente la decisión de la Justicia Federal en lo Contencioso Administrativo al intentar replicar -por la vía de una nueva Resolución- el mismo esquema viciado, arbitrario e ilegítimo reprochado por el Juez por ser abiertamente contrario al Decreto 870/2018 y normas complementarias”.
Rechazo y “uso malintencionado”
Por otra parte, a BACTSSA le llamó poderosamente la atención que el Ministerio de Transporte no haya hecho mención o referencia alguna sobre una cuestión “tan trascendente en sus comunicaciones públicas e institucionales cotidianas”. “Lo mismo debe decirse respecto de las restantes dos operadoras del Puerto de Buenos Aires, Terminales Río de La Plata S.A. y Terminal 4 S.A”, agregó en el comunicado.
Por lo tanto, la firma “rechaza abierta y enérgicamente el uso malintencionado de información ilegítima que pretenda manipular y distorsionar la situación legal de las Concesiones en el Puerto de Buenos Aires, con el claro fin de beneficiar a ciertos operadores en particular y en claro detrimento del Estado Argentino, de la libre competencia, de los derechos de todos los usuarios del Puerto y de los derechos Concesionales de BACTSSA, los cuales se encuentran plena y debidamente tutelados por la Justicia Federal Argentina; y solicita al Ministerio de Transporte de la Nación una aclaración urgente, plena y suficiente de esta oscura situación”.
Los actos administrativos emitidos por la AGP, cuestionados por la empresa
«El 30 de abril, sin recurrir a una licitación y por instrucción del Ministerio de Transporte, la Administración General de Puertos (AGP) decidió mediante dos addendas prorrogar hasta 2024 los contratos de cuatro de las cinco terminales que operan dos empresas. Y absorbió a una de ellas, la número 5, donde funcionaba la empresa Bactssa, cuyo contrato expiró en mayo, pero que se mantiene en el lugar a partir de una cautelar favorable que recibió en la Justicia«.
El conflicto tomó forma definitiva el 15 de mayo, después de que la AGP decidiera de manera unilateral no continuar con el vínculo que tenía vigente hasta ese momento con Bactssa, la empresa que controla el holding asiático Hutchinson Ports y que tiene a su cargo la concesión de la Terminal 5 del Puerto.
AGP, dependiente del Ministerio de Transporte, se presentó ese día con su gerente general y escribanos en el predio en pos de desalojar a la firma del Puerto, pero el personal de Bactssa presente lo evitó. El interventor de la AGP, cabe recordar, es José Beni, el dirigente del Instituto Patria que tendrá a cargo la gestión de la Hidrovía, un negocio de US$ 300 millones anuales.
Dos días antes, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal había revocado una sentencia de primera instancia y ordenado a AGP la suspensión de “la celebración del inventario y constatación del estado de obras” y que “se abstenga de imponer a Bactssa cualquier medida y/o sanción estipulada en el contrato de concesión”.
Tras el cambio de Gobierno y la anulación de la licitación que había inciado el macrismo, en abril de 2020, el Ministerio de Transporte que entonces encabezaba el fallecido Mario Meoni tomó una decisión que motivó el conflicto entre las principales operadoras del Puerto.
Extendió por dos años más la concesión a los jugadores que venían trabajando en las otras cuatro terminales. La 1, la 2 y la 3, a cargo de TRP, de Dubai Ports World, una firma de los Emiratos asociada a nivel local con el empresario Alfredo Román, y la 4, que opera APM, adjudicataria de ese muelle que pertenece a la naviera danesa Maersk.
Sin una definición sobre la prórroga de la concesión de la Terminal 5, en septiembre del año pasado Bactssa fue a la Justicia, ya que su contrato, varias extensiones previas mediantes, finalizaba en mayo de 2021 y por entender que tenía que negociar en las mismas condiciones que las otras empresas.
Fuente: marcelobonelli.cienradios.com