El accionar de la flota de pesqueros ilegales chinos y su campaña anual de depredación de las poblaciones de calamar que aún sobreviven en el Atlántico Sur activó una polémica inusitada en la Patagonia.
Ocurre que, a contramano de las críticas que brotan de casi todos los sectores respecto del movimiento de esta «armada» integrada por hasta 400 buques, una serie de sindicatos portuarios ligados a la CGT, el SUPA, el SOMU y distintos gremios del ámbito petrolero vienen exigiendo permisos para atender a dichas embarcaciones en distintos puertos de Chubut y Santa Cruz.
Las organizaciones proponen crear un «hub» a los fines de prestar servicios de logística y alzarse con una facturación que, sostienen, hoy se «pierde» a manos del puerto de Montevideo, en Uruguay. Esta última terminal, precisamente, está entre las más cuestionadas de la región por dar soporte operativo a una flota denunciada por prácticas de depredación en aguas de Ecuador, Perú y, por supuesto, Argentina.
A mediados del mes pasado, la cámara que integra a los trabajadores del Golfo de San Jorge desarrolló una serie de reuniones y movilizaciones para visibilizar este pedido. Participaron, entre otros, estibadores de Puerto San Julián y Punta Quilla.
La CGT Zona Norte de Santa Cruz acompañó con un comunicado al que accedió iProfesional. Según el texto, los trabajadores se reunieron «… el día viernes 13 de enero a las 11 hs. en el cruce del puesto Ramón Santos, límite con la hermana provincia de Chubut, todos los trabajadores portuarios, acompañados por gremios hermanos y nuestras familias para continuar con la lucha que hasta el momento no se ha hecho eco en algunos sectores tanto del gobierno como también del sector empresario».
«En resumidas cuentas, los sectores empresarios nacionales de la pesca no quieren tener competencia en cuanto a servicios con la flota extranjera que pesca más allá de la milla 200, pero por otro lado tampoco ofrecen compensar esa oposición trayendo trabajo a los puertos patagónicos», se afirma en el comunicado.
Para luego enfatizar: «Excusándose en argumentos falaces como la competencia desleal y la entrega de la soberanía, utilizando medios pagos para confundir a la opinión pública, nos ponen trabas para que podamos desarrollar un proyecto viable y a largo plazo con ingreso de divisas, empleo y promoción de riqueza en los puertos del Golfo San Jorge«.
Las organizaciones sindicales demandan que el Gobierno cierre «acuerdos bilaterales» con los países que ejecutan la pesca en esa área –China, España, Taiwán, Corea y Portugal, por mencionar algunos– «a fin de establecer un corredor de servicios entre la Zona adyacente a la Zona Económica Exclusiva Argentina en aguas internacionales (milla 201) y los puertos del Golfo San Jorge».
La oposición a semejante pedido viene siendo asumida por, entre otras organizaciones, la Cámara Argentina de Armadores Poteros (CAPA) –agrupa a empresas que intervienen en la pesca del calamar– y organismos del Gobierno como la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación.
«He oído planteos que pretenden dar condiciones de mayor elasticidad reglamentaria a buques de flotas extranjeras competidoras del sector pesquero argentino que no tienen que cumplir la gran cantidad de normas estrictas que cumplimos nosotros, así que no entiendo cuál es la forma en que se pretende reconocer a los trabajadores argentinos», declaró, recientemente, Carlos Liberman, al frente de esa dependencia.
La presión cada vez mayor que vienen ejerciendo los sindicatos y gremios de esa zona de la Patagonia dejan entrever que la discusión en torno a la posibilidad de generar negocios con la flota depredadora china sumará nuevos episodios en el corto plazo.
Fuente Iprofesional