El titular de la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la república Argentina (Fempinra) criticó al gobierno y dijo que la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, “insiste con una política de criminalización de la protesta social”.
Schmid, afirmó hoy que “las multas por las movilizaciones en las calles son un mamarracho” y denunció que la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, “insiste con una política de criminalización de la protesta social”.
El también secretario general del gremio de Dragado y Balizamiento, volvió a rechazar que las organizaciones sindicales y sociales que se manifestaron el 27 de diciembre pasado afronten el pago por los operativos de seguridad armados por el Gobierno de Javier Milei y dijo que por el paro y movilización del 24 de enero organizado por la CGT “la FeMPINRA no recibió aún ninguna intimación”.
“No es legal, no hay marco jurídico, y no se ajusta a derecho. El Ministerio de Seguridad sigue con esta política de intimidar a la sociedad y de criminalizar la protesta social sin ningún fundamento jurídico. Solo buscan titulares en los medios, desconociendo la legalidad de las sanciones económicas que buscan infantilmente imponer”, sostuvo Schmid en un comunicado.
Dijo que la medida “lejos de contribuir a la necesaria construcción de diálogo que amerita la actual coyuntura, violenta derechos elementales de raigambre constitucional como lo es el derecho de huelga”.
Schmid sostuvo que “las multas por las movilizaciones en las calles son un mamarracho” y denunció que Bullrich “insiste con una política de criminalización de la protesta social”.
El 10 de enero la FeMPINRA recibió una carta documento mediante la cual se intimó a los gremios que participaron de la jornada de protesta del 27 de diciembre de 2023 a pagar 40.419.227,56 pesos por el costo del operativo de seguridad.
La Federación -que agrupa a más de 20 sindicatos portuarios, marítimos y fluviales- afirmó que “el envío de estas cartas documentos carece de todo sustento fáctico y/o jurídico y resulta totalmente persecutorio”.
Por último agregó que “solo demuestra el desconocimiento de la institucionalidad y la legalidad de la función sindical, criminalizan la protesta y violentan derechos elementales regidos en nuestra Constitución”.