Los gobernadores patagónicos emitieron un comunicado en contra de la extranjerización del Mar Argentino.
El gobernador de la provincia de Neuquén, Rolando Figueroa, firmó un comunicado junto a otros 4 gobernadores «en defensa de la soberanía, los recursos y la industria pesquera de las provincias patagónicas». Las autoridades se unieron en rechazo a las desregulaciones que propone el gobierno de Milei en cuanto a la actividad pesquera y advierten consecuencias laborales y económicas.
Junto al neuquino se encuentran Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Claudio Vidal (Santa Cruz), Alberto Weretilneck (Río Negro) e Ignacio Torres (Chubut). En el texto sostuvieron que abrir el acceso del Mar Argentino a buques extranjeros afectaría «gravemente la economía nacional y el desarrollo de la actividad pesquera» debido a «la modificatoria en la obligatoriedad de descarga en los puertos argentinos; la competencia desigual en los cupos de captura; y, finalmente, la eliminación de la obligatoriedad de contratar personal de nacionalidad argentina”.
En el comunicado detallaron que el artículo 25° del Régimen Federal de Pesca de la Ley 24.922 obliga a los barcos con licencia argentina a descargar toda la pesca en los puertos nacionales «con el claro fundamento de generar empleo directa e indirectamente en el suelo argentino». Acotaron que las modificaciones del ejecutivo «afectaría considerablemente a la industria nacional en términos laborales y económicos», detallando el caso de los estibadores y personal de logística.
El otro ítem que preocupa al bloque patagónico es la modificación del artículo 27º del Régimen de Pesca, el cual establece distintos parámetros para acceder a los cupos de especies, en donde se tiene en cuenta -entre otras cosas- la capacidad de inversión y de generar trabajo genuino: “La modificación propuesta en la nueva ley indica que nada de todo esto tendría ya valor, sino que quedaría sujeto únicamente a una licitación pública entre empresas argentinas y extranjeras, dando lugar así a una competencia absolutamente desigual”.
Por último, el artículo 40° de la Ley 24.922 establecía que el 75% del personal embarcado debía ser de nacionalidad argentina, con diez años de residencia en el país: «Teniendo las empresas la posibilidad de contratar personal extranjero, quienes no estarían alcanzados por los convenios colectivos de trabajo que rigen la actividad hace más de 30 años, y esto afectaría fuertemente el sistema de empleo de la región”.
En el límite del mar argentino constantemente se visualizan buques oriundos de China, España, Corea del Sur y Taiwán pescando de manera ilegal. Pero a la vez, estas embarcaciones son denunciadas por organismos de Derechos Humanos por los cientos de registros de crímenes como esclavitud, trabajo forzado, tráfico ilegal y trata de personas.
