Por Fabián LUGARINI – La Amazonía Azul es un espacio marítimo-fluvial que abarca 5,7 millones de km2 bajo jurisdicción brasileña. Esta área posee inmensas riquezas hidrocarburíferas e ictícolas por la que circula el 95% del comercio exterior brasileño.
Por eso, representa un desafío para la consolidación y relevancia del Brasil en el Atlántico Sur frente a amenazas presentes y futuras como la pesca ilegal, no declarada y no regulada (INDNR), desastres ambientales, piratería, así como accidentes e incidentes en las plataformas offshore de donde procede el 95% del petróleo producido por Brasil y el 80% de su gas natural. A esto hay que añadir la responsabilidad de Brasil en materia de búsqueda y rescate (SAR) que prácticamente alcanza aguas de África.
Como respuesta a estas amenazas, Brasil ha desarrollado el Sistema de Gestión de la Amazonía Azul (SISGAAZ) que incluye patrullaje marítimo con asistencia satelital, así como vigilancia aérea con aviones y vehículos aéreos no tripulados (drones).
El Sistema de Gestión de la Amazonía Azul está a su vez integrado por subsistemas como el Sistema de Monitoreo Marítimo de Apoyo a Actividades Petroleras (SIMMAP), el Sistema de Identificación y Acompañamiento de Navíos a Larga Distancia (LRIT), el Sistema de Información sobre Tráfico Marítimo (SISTRAM) y el Programa Nacional de Rastreo de Embarcaciones Pesqueras por Satélite (PREPS).
Procedimientos similares han sido implementados en Australia, Canadá y Francia, pero el Sistema de Gestión de la Amazonía Azul cuenta con características propias relativas a costos, capacidades y especialmente aquéllas relativas a la variedad de las actividades económicas y dimensiones de la Amazonía Azul.
El Sistema de Gestión de la Amazonía Azul constituye una herramienta estratégica para el ejercicio de la soberanía brasileña, así como la protección de sus recursos vivos y no-vivos que también ha contribuido al desarrollo de las capacidades tecnológicas e industriales del Brasil.
Con respecto al equipamiento destinado al Sistema de Gestión de la Amazonía Azul se destacan los programas PFCT, PRONAPA y el PROSUB.
El Programa Fragatas Clase Tamandaré (PFCT), está a cargo de un consorcio integrado por la brasileña Embraer y la alemana ThyssenKrupp y comprende la construcción de cuatro fragatas derivadas de la clase MEKO en Itajaí (Estado de Santa Catarina) con un 32% de integración local para el primer buque cuya botadura está prevista para junio de 2024, y de un 41% para los tres restantes.
Por su parte, el Programa de Submarinos (PROSUB), es el más importante en construcción naval de América Latina, ya que implica la construcción de cuatro submarinos clase Riachuelo (derivados de la francesa Scorpene) con propulsión diésel y un submarino con propulsión nuclear en el astillero Itaguaí Construcciones Navales (Estado de Rio de Janeiro).
El primero de los submarinos convencionales, S-40 Riachuelo, ya se encuentra incorporado a la Marina Brasileña, en tanto que el S-41 Humaitá y el S-42 Tonelero, están realizando sus pruebas de mar. El submarino restante, el S-43 Angostura, se botará en 2024.
Paralelamente, la tecnología para la construcción del submarino nuclear SCPN Álvaro Alberto (que sería botado en el 2033), está siendo desarrollada por el Programa Nuclear de la Marina (PNM) en las instalaciones del Centro Tecnológico de la Marina Brasileña en Iperó (Estado de Sao Paulo).
Por otro lado, el Programa de Desarrollo de Patrulleros (PRONAPA), que contemplaba originalmente la construcción de 27 patrulleros de 500 toneladas de la clase Macaé (derivada de la francesa Vigilante) que finalmente se vio reducido a solo cuatro buques, resultó interrumpido tras la entrega de los patrulleros P-70 Macaé y P-71 Macau a raíz de la quiebra del astillero EISA. El programa fue reanudado por el Arsenal de la Marina de Rio Janeiro que en el 2022 entregó el P-72 Maracaná (que debería haber sido incorporado a la Marina Brasileña en el 2015) y en el 2025 planean tener listo el PT-73 Mangaratiba.
Asimismo, la estatal Empresa Gerencial de Proyectos Navales (EMGEPRON) propuso la construcción de 12 buques patrulleros de 500 toneladas con fecha de entrega para el año 2036, a un costo estimado de US$35 millones por unidad y con un 50% de componente local en su construcción.
Sin embargo, desafortunadamente a diferencia de Brasil, en nuestro país la vigilancia y control del espacio marítimo no ha contribuido al desarrollo de las capacidades tecnológicas e industriales nacionales.
Los más de 6,5 millones de km2 de espacio marítimo de la Argentina albergan parte de la biodiversidad marina más valiosa del planeta, incluyendo zonas de pesca comercial, cuencas hidrocarburíferas así como yacimientos de nódulos polimetálicos que contienen grandes cantidades de cobre, manganeso, níquel y cobalto.
Por mandato de la Ley 18.398, la Prefectura Nacional Argentina (PNA) ejerce como autoridad marítima, que la habilita con el poder de policía y de seguridad en la navegación dentro de las aguas jurisdiccionales argentinas, mientras que la función de la Armada Argentina (ARA) es la defensa del mar y la soberanía nacionales. En tal sentido, alternan el monitoreo de la flota pesquera extranjera en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) en cumplimiento del Convenio Marco de Coordinación y Cooperación entre los Ministerios de Defensa y Seguridad, que es coordinado por el Comando Conjunto Marítimo – CCM (creado mediante Resolución 244/2021), a través del Comando Operacional de las Fuerzas Armadas dependiente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Para cumplir dichos objetivos, en diciembre de 2018 el Estado Nacional compró a Naval Group, empresa controlada por el estado francés, cuatro buques patrulleros oceánicos (OPV) por un monto de US$370 millones, incumpliendo con la Ley 27.437 de Compre Argentino y el artículo 15 de la Ley 27.418 de Fomento a la Industria Naval, a pesar de haber adquirido en el año 2007 la licencia Fassmer por US$3 millones para construir buques patrulleros en Argentina (Chile y Colombia construyeron en sus astillero estatales ocho OPV con diseño Fassmer). También se descartaron ofertas de empresas españolas para construir dos OPV en Argentina y dos en España, así como el proyecto del Buque Oceánico Multipropósito (BOM-85), diseñado íntegramente en Astillero Río Santiago, que podría haber sido construido en astilleros nacionales por la mitad de la suma pagada por los buques adquiridos a Francia.
Recientemente, el ministro de Defensa Taiana visitó el astillero donde se construyen los submarinos de la clase Riachuelo para interiorizarse de los procesos de producción asociados a la construcción de estos buques. La Armada Argentina está evaluando propuestas de Naval Group y ThyssenKrupp para la adquisición de tres submarinos de propulsión diésel con opciones de construcción y ensamblado en astilleros locales. Al respecto, el ministro argentino manifestó: “seguimos buscando la mejor oferta de submarinos para que nuestro país recupere esa capacidad estratégica que hoy no tiene y que es fundamental para tener un verdadero control y vigilancia de nuestras aguas de jurisdicción nacional, de nuestra plataforma continental y de nuestros recursos naturales”.
En un contexto de dura disputa geopolítica internacional, queda en manos de nuestros gobernantes instrumentar un plan estratégico a mediano y largo plazo en el cual la vigilancia y control de nuestro espacio marítimo con sus valiosos recursos naturales se articule con una política de Estado para la Industria Naval Nacional. Precisamente por su contenido tecnológico y valor económico agregado, la actividad demanda una inversión en recursos humanos, investigación, desarrollo e innovación que produce un efecto multiplicador en bienes de capital y tecnológicos producidos por la cadena navalpartista. La previsibilidad dada por los proyectos plurianuales implementados por el Estado brasileño a través de su Armada para renovar sus unidades navales y auxiliares, resulta en el crecimiento de la economía del país, el desarrollo industrial nacional tanto como la protección y defensa de sus recursos soberanos porque, tal como declarara recientemente en un reportaje el Secretario General de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FEMPINRA) Juan Carlos Schmid, “se habla mucho de la riqueza y los recursos que va a tener la Argentina disponible en la próxima década pero si no lo acompañamos con la infraestructura y la capacitación en empleo para esa gente, vamos a lograr grandes superávits pero la desigualdad y la falta de oportunidades para nuestros compatriotas van a seguir estando presentes”.
Fabián Lugarini – Analista Económico – Ex-asesor en Transporte, Energía, Pesca y Minería de la Honorable Cámara de Senadores y en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación – Asesor en Transporte y Ambiente en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.