La Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCAMLR) finalizó su 40 reunión anual con la promulgación de una declaración extraordinaria en la que reafirma su cooperación y compromiso “firme e inquebrantable” con el objetivo de la Convención de la CAMLR.
El texto incide en que el objetivo de la Convención CAMLR es la conservación de los recursos vivos marinos de la Antártida y aboga por un uso racional de los mismos. Además reafirma la importancia de salvaguardar el medio ambiente y proteger la integridad del ecosistema de los mares que rodean la Antártida; y reconoce que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) en el Área de la Convención “sigue siendo una amenaza para la conservación de los recursos vivos marinos de la Antártida”.
La declaración maquilla los escasos progresos logrados en el encuentro, según han lamentado las ONG. Así, la Comisión no alcanzó un consenso para impulsar el desarrollo de nuevas áreas marinas protegidas (AMP), aunque acordó abordar el tema a lo largo del próximo año.
Tampoco hay avances significativos en la gestión del krill, aunque se han sentado las bases para un nuevo enfoque en la pesquería. Los Miembros de la CCAMLR también acordaron extender la Medida de Conservación (MC) 51-07, la cual expande el límite de la captura provisoria de krill hacia unidades de gestión más pequeñas– disminuyendo el impacto de la pesca concentrada de krill sobre los depredadores que dependen de esta especie.
Desde la Coalición para la Antártida y el Océano Austral (ASOC) se han mostrado “extremadamente decepcionados” por el resultado de la reunión. Desde su punto de vista, se han perdido una “oportunidad de asegurar lo que podría haber sido el acto único más grande de protección oceánica en la historia”, afirman con relación a la propuesta de tres AMP en la Antártida.
La Comisión para la Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos se estableció en 1982 bajo el Sistema del Tratado Antártico para preservar la biodiversidad en el Océano Austral. Se trata de una organización que se basa en el consenso, formada por 26 miembros, incluidos Chile, Argentina y Brasil.