El Gobierno despidió a 10 trabajadores de Talleres Navales Dársena Norte (Tandanor), entre ellos al auditor interno y la gerenta de Control de Gestión. De esta manera, desguazaron el aparato de gerencia de una compañía incluida dentro del listado de empresas sujetas a una posible privatización, algo previsto en un artículo del proyecto de Ley Ómnibus.
Según consignaron fuentes gremiales a El Destape, a los empleados «les llegó telegrama de despido cuando estaban todos en planta». Esta misma fuente agregó: «La verdad que no se que van a hacer, lo que se ve es un descabezamiento de un área importante para todo lo que es la planificación de la gestión del astillero».
Tandanor emplea a 507 personas y fue incluida por el gobierno nacional al anexo de empresas estatales pasibles de una privatización.
Durante el gobierno del presidente Néstor Kirchner, el 30 de marzo del 2007, Tandanor fue reestatizado por decreto, declarando la nulidad absoluta la privatización realizada en la década anterior, durante el menemismo.
En reconocimiento por sus esfuerzos para mantener en actividad la empresa, el gobierno determinó que los trabajadores del astillero recibieran el 10% de sus acciones.
Informes técnicos de Tandanor contradicen los preceptos sobre la ineficiencia del Estado que pregonan desde el Gobierno. La compañía genera dólares porque refacciona los buques privados nacionales y extranjeros. Además, cumple una función política fundamental, ya que colabora con la soberanía por el hecho de incidir sobre una actividad industrial de alta complejidad anexada al sistema de defensa.