González Botto (Secretario de Empresas y Sociedades del Estado), quien tiene a su cargo la revisión y la posible reestructuración de las compañías públicas, ha empezado a llevar adelante las conversaciones con puertos y exportadores por el futuro de la vía navegable troncal (VNT).
En una nota publicada en rosario3.com por el periodistas Mariano Galíndez dió a conocer que el gobierno nacional emprendió una nueva estrategia para concretar el paso de la administración de la hidrovía a un operador privado.
Si bien el objetivo está bien claro en cuanto a que la maneje un concesionario privado, lo que no logra terminar de calibrar es el mecanismo para conseguirlo. Es por eso que a poco de andar, la nueva estrategia ya tiene un escollo millonario que superar.
Abortado el intento anterior de que el pase a manos privadas sea bajo un esquema sui generis de “participación público-privada”, la idea ahora es ir hacia una licitación convencional a riesgo empresario y sin subsidio estatal, que es lo que siempre pidieron puertos y exportadores.
En ese sentido, el gobierno de Javier Milei cuenta con la ventaja de que el andamiaje normativo para el llamado a licitación para un operador privado haya quedado definido por el gobierno de Alberto Fernández, que -como signo de su desconcierto- vociferaba la estatización de su administración al mismo tiempo que publicaba decretos preparando el paso a privados.
En otras palabras, Milei no necesita, como para otras privatizaciones, la sanción de una ley, lo que a juzgar por la relación de fuerzas en el Congreso sería todo un problema para el oficialismo, asegura el periodista de rosario3.com.
Pero aparece ahí otro escollo. Desaparecido el Ministerio de Infraestructura, los temas de esa cartera quedaron bajo órbita del Ministerio de Economía. De hecho, hace poco asumió el nuevo subsecretario de Puertos y Vías Navegables, cuya ausencia dificulto, administrativamente, mucho de la gestión diaria de la hidrovía, por ejemplo, decorándose firmas de autorizaciones para calados de urgencia.
Pero no solo es que el nuevo subsecretario, Pablo Piccirilli, tiene el foco en la logística portuaria para el petróleo y gas no convencional de Vaca Muerta (y su abastecimiento), el litio, cobre y el resto de los minerales, sino que otros funcionarios son los que tallan sobre el futuro de la hidrovía.
En el ministerio de Economía, quedó siguiendo el tema de fondo el subsecretario de Fiscalización y Control, Arturo Idoyaga Molina. Pero como en el fondo la idea es privatizar también empezó a tallar un funcionario de la órbita y extrema confianza del hermético jefe de Gabinete, Nicolás Posse: Manuel González Botto, secretario de Empresas y Sociedades del Estado, quien tiene a su cargo la revisión y la posible reestructuración de las compañías públicas.
El gobierno ya tuvo contactos con los principales usuarios (exportadores de granos, importadores de minerales y dragadores de Europa) y allí comunicó la decisión de concesionar la administración a un operador privado.
No obstante el gobierno admitió carencia de recursos y equipos técnicos para el armado relativamente rápido de los pliegos de condiciones (que definen obras). Los empresarios tomaron nota del mensaje y, además de que hay muy buen nivel de documentación ya recolectada, no les presenta molestia abrir la billetera. De hecho, ya hay una consultora internacional de primer nivel trabajando en el tema.
Pero apareció luego un segundo escollo ya más difícil de abordar. Es que el gobierno necesita primero sanear la Administración General de Puertos (AGP), que tiene la gestión de la hidrovía, y el rojo de sus números es millonario.
En líneas generales, la AGP cobra unos 200 millones de dólares al año por peajes, pero a la hora del balance final terminó 2023 con un déficit importante.
En efecto, acumula deudas con la dragadora que le presta el servicio (sigue siendo Jan de Nul) y también, como otra muestra de la improvisación del gobierno anterior, tiene una millonaria deuda por IVA con el propio fisco porque cuando se terminó la concesión privada y pasó a la AGP (en 2021) no se le mantuvo la excepción que tenía. También aparecen gastos directos realizados por las autoridades anteriores que levantan polémica.
Cuando sobrevoló la idea de que también los usuarios privados y las dragadoras se hagan cargo de esa cuenta, hubo ceño fruncido de los empresarios. Pero no solo por los montos puestos en juego, sino por las imposibilidades administrativas del estado y de las normas corporativas para canalizar ese dinero al gobierno para tal fin.