El entonces titular de AGP, Gonzalo Mórtola, se ausentó a la declaración tras haber sido imputado en la Justicia Federal por el Juez Martinez De Giorgi.
Según dio a conocer el periodista Ezequiel Orlando en el portal «el destape» «El ex interventor de la Administración General de Puertos (AGP) durante el macrismo Gonzalo Mórtola no se presentó el jueves pasado a la declaración indagatoria por la causa en la que se lo acusa de fraude a la administración pública por una contratación irregular. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi lo tiene imputado por la concesión de un contrato a la compañía INDRA».
«Mórtola debía comparecer el 23 de septiembre en el Juzgado Federal 8, pero no asistió. Ahora el juez deberá establecer una nueva convocatoria, con la amenaza de acudir a la fuerza pública» adelanta la fuente.
Ministro de Transporte Guillermo Dietrich
La acusación que cae sobre Gonzalo Mótola es por «irregularidades en la contratación de servicios de consultoría para el desarrollo de los pliegos de licitación destinados a la concesión de las terminales de Puerto de Buenos Aires. En 2016, por medio de la Resolución 129, la gestión de Mórtola contrató a la española INDRA para el proceso licitatorio que tuvo nombre formal de estructuración, promoción y concurso para la concesión de las terminales de contenedores del Puerto Buenos Aires, en el marco de los futuros pliegos de licitación de las mismas».
Según surge de la causa que investiga Martinez de Giorgi «Se habría tratado así de una contratación directa a una empresa que no estaba habilitada para hacer esos estudios ni para recibir obra pública por US$ 772.483. Al momento de la contratación el monto máximo para hacerlo sin licitación era de $ 1,5 millones o US$ 93.000 por aquel entonces, de acuerdo se consigna en la causa. Más aún, Indra no tenía experiencia en consultoría portuaria. De hecho, el personal técnico de la AGP fue quien terminó haciendo buena parte de los estudios».
«A fines de 2017, la AGP decidió cambiar su criterio, pese al cuestionamiento de los profesionales y protagonistas de todo el sector portuario, y dejó de lado la opción de pasar de tres a dos empresas operando sus terminales para centrarse en una nueva estrategia de una única empresa, que se convertiría en una operadora monopólica. El cambio implicaba además liberar los actuales terrenos del puerto, que quedarían destinados a proyectos inmobiliarios que daban lugar al ingreso de desarrolladores amigos del PRO. En ese momento ya tenían intereses y desarrollos concretos en la zona, por parte de la misma administración que remató un 35% de los terrenos de la AGP» explica el informe de Ezequiel Orlando.
«Esta decisión de modificar su estrategia provocó asimismo que la AGP extendiera el vínculo con INDRA por otros US$ 168.000, más impuestos, a través de la Resolución 169/2017. Así, el pago a la consultora habría alcanzado un total de US$ 940.508 más impuestos».
Esta idea fue modificada con la llegada del nuevo gobierno en 2019, generando una investigación de «el destape» que fue tomada por la justicia para iniciar la causa que lo tiene imputado a Mórtola. La justicia investiga también la participación de Nicolás Caputo, otro funcionario macrista interesado en el futuro del Puerto de Buenos Aires.
Fuente: eldestapeweb.com