Lo solicitó el fiscal Patricio García Elorrio tras varias jornadas de alegatos, donde expuso sobre siete hechos que se le endilgaban al sindicalista. El 11 de abril será el turno de las defensas.
En el marco del juicio que se desarrolla desde 2019 ante el Tribunal Oral Federal 4, el fiscal Patricio García Elorrio, luego de tres extensas audiencias de alegato, solicitó la pena de seis años y ocho meses de prisión para el sindicalista Omar “Caballo” Suárez, extitular del SOMU, al considerarlo jefe de una asociación ilícita que cometió fraudes en perjuicio del sindicato, la obra social y la mutual de los empleados marítimos.
Además pidió condenas menores para otros imputados que están sentados en el banquillo de los acusados. Para el representante del Ministerio Público Fiscal, Omar Suárez, “valiéndose de la plataforma sindical, ingresó en un sendero de negocios más allá de cualquier marco lícito, para lo que contó con estructuras societarias, financieras y de gestión, de las que incluso era accionista mayoritario en algunos casos”.
En ese sentido sostuvo que de ser condenados y quedar firme la sentencia, los mismos reparen el daño provocado al gremio, a la obras social y a la mutual de los trabajadores del SOMU y para ello es consideró necesario mantener los embargos. Recordemos que en diciembre de 2021 el TOF 4 resolvió por mayoría hacer lugar a un planteo de su defensa y disponer el cese de las medidas de coerción previstas respecto al uso de tobillera electrónica. Asimismo se ordenó el “cese de la prisión preventiva”.
Cuando comenzó a ser juzgado se lo acusó de ser el jefe de «una asociación destinada a la comisión de indeterminados hechos delictivos, valiéndose del control que (sus miembros) ejercían sobre el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (en adelante SOMU) y la Obra Social del Personal Marítimo (de aquí en más OSPM)».
El dirigente coordinaba a los restantes integrantes «a partir de su rol de ex secretario general del SOMU, presidente de la mencionada OSPM, vicepresidente de la empresa San Jorge Marítima S.A., y presidente de la Fundación Azul para el Cuidado y Preservación del Medio Ambiente Marino, Fluvial y Lacustre», según se sostiene en el expediente judicial.
En el caso del entorpecimiento de vías navegables el fiscal aseguró que no se puede acreditar fehacientemente por lo cual en caso de duda siempre es a favor del imputado por lo cual para este delito solicitó la absolución. Tampoco pudo probar algunas imputaciones de extorsión.
La causa se inició el 15 de mayo de 2012 cuando Miguel Ángel Doñate en representación de la Cámara de Armadores de Lanchas de Prácticos (CALAPRAC), realizó una denuncia penal dirigida contra el Secretario General del SOMU, Enrique Omar Suárez y los delegados Rigoberto Suárez y Jorge Vargas, por entorpecimiento del transporte por agua, compulsión a la huelga y asociación ilícita. Allí hablaba de “medidas extorsivas, una de las tantas prácticas instaladas como usos y costumbres por el SOMU como medio de presión para obtener beneficios injustificados, obligando a las empresas nacionales, extranjeras y/o aquellas de las cuales es partícipe a que realicen actos que no guardan ningún tipo de relación con la actividad sindical ni la defensa de los trabajadores”. A esa denuncia se le sumaron otras.
En febrero de 2016, el juez Rodolfo Canicoba Corral, tras procesarlo como jefe de una asociación ilícita y por extorsión, dispuso la intervención del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos y acusó a Suárez de haber desviado fondos del sindicato y sumó en su contra otros delitos, como la defraudación en perjuicio de su gremio y su obra social.
Meses más tarde el juez amplió el procesamiento de Omar Suárez en el cual incluyó a su hijastra María del Carmen que se desempeñaba como gerente financiera de la obra social. En ese fallo el magistrado ordenó la inmediata detención del sindicalista. Finalmente la causa se elevó a juicio y aunque todo se demoró por cuestiones de salud hoy está sentado en el banquillo.
El debate oral comenzó el 13 de septiembre de 2019 sin su presencia producto de un postoperatorio. Así y todo el sindicalista seguía preso porque los jueces que debían juzgarlo entendieron que de excarcelarlo, podría incidir en el curso de la investigación. Transcurrieron dos semanas, hasta que «Caballo» Suárez volvió a pisar los tribunales de Comodoro Py. En aquella ocasión tras salir de la audiencia del juicio se colocó una remera con la inscripción de «Cristina 2019», y completaba aquel mensaje el siguiente slogan “Macri = Vidal, mentiras = pobreza”.
Suárez se consideró un perseguido por seguir las ideas del kirchnerismo.
Así las cosas con esta acusación efectuada por el fiscal ahora se aguarda que a partir del 11 de abril los jueces Néstor Costabel, Daniel Horacio Obligado y Gabriela López Iñiguez comiencen a escuchar los alegatos de las defensas para después poder emitir un veredicto.
Fuente: MDZ