La actual conducción del SOMU (Sindicato de Obreros Marítimos Unidos), a cargo de Raúl Durdos, es cuestionada igual que las elecciones convocadas.
La conducción del SOMU, a cargo de Omar Raúl Durdos –desde la gestión Jorge Triaca- convocó a un Congreso Ordinario y Extraordinario que resultó en un tsunami de denuncias de parte de los sectores que pretenden competir en las próximas elecciones de autoridades.
Tras los reclamos presentados en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – luego de haber denunciado sistemáticamente ante el ente encargado de llevar adelante la próxima elección -, que la Junta Electoral Central (JEC) incurrió en ilegítimas maniobras para desalentar a quienes quisieran presentarse por fuera de las listas oficialistas de Durdos y su Adjunto en la asociación, Daniel Mereles.
Las irregularidades que salieron a luz en aquel Congreso dejaron en jaque a sus dirigentes. Por caso, no lograron que se aprobara la Memoria y Balance de su gestión y, de esta forma, dejaron una puerta abierta a futuras imputaciones en sede judicial por la dudosa transparencia en la administración de los bienes, dinero y el patrimonio del sindicato.
Durdos estaría alejado de figuras emblemáticas del gobierno y no habría impulsado ninguna medida que asegure claridad y equidad en el proceso que tendrá como fin la elección de nuevas autoridades en diciembre de 2021, según las denuncias que se fueron multiplicando mientras transcurrían los plazos y las arbitrariedades desplegadas por la Junta Electoral.
La constitución de la JEC – encargada de fiscalizar de forma “inobjetable” el proceso – fue conformada exclusivamente por Durdos y Mereles. Hasta hoy, de acuerdo a las denuncias, llevaron a cabo maniobras tendientes a descalificar a otros candidatos con prácticas parciales, arbitrarias, de una ilegitimidad inusitada y sin precedentes en esa asociación sindical.
Las irregularidades denunciadas por los candidatos -excepto la lista que encabeza Durdos y la que encabeza el propio Mereles- resultaron tan grotescas e ilegales que no pudieron pasar inadvertidas por la autoridad administrativa competente de la cartera de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Conforme los documentos cotejados en la investigación, se habrían registrado hechos que no solo denotarían la impunidad con que se manejaron – y manejan- los dos acólitos dirigentes actuales, sino también que echan a la luz una parcialidad manifiesta por la JEC.
Ante la relevancia y multiplicidad de las denuncias, la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales convocó a una audiencia para el próximo 3 de noviembre, en la que deberán comparecer los apoderados de todas listas: las oficializadas de Durdos y Mereles y las que denunciaron que se violaron sus derechos sindicales como también a participar democráticamente en las próximas elecciones.
En tanto, los candidatos y afiliados – que aguardan el resultado de la convocatoria – manifestaron a este medio que no cesaran en su reclamo y que no descartan “acudir a la Justicia en caso de ser excluidos de la competencia mediante artilugios ilegales, amenazas y trampas que solo comparan con las prácticas bochornosas que implementaron quienes llevaron adelante las intervenciones del SOMU durante el gobierno anterior”.
Vale recordar que a mediados del año pasado, circularon versiones sobre denuncias planteadas en el fuero federal contra la actual conducción, promovidas por algunos dirigentes sindicales solicitando, entre varias cosas, que investigara la administración del sindicato por la falta de balances y auditorias durante los últimos cinco años y el vaciamiento que provocó la ausencia de servicios asistenciales en medio de la pandemia.
Fuente: Infocielo