Por Juan Carlos Donato – Se están conociendo las últimas designaciones en cargos políticos, en el estado nacional y las Provincias y vemos con preocupación que continúa la modalidad de reparto o loteo como se dice actualmente, por agrupación política, padrinazgo empresario o sugerencia de alguna personalidad influyente.
El acaecimiento del buque May, de bandera liberiana que el domingo 28 impactó contra el Puente Zárate Brazo Largo, más allá que se trata de un hecho que no tiene que ver con el estado de la vía navegable, ya que sufrió un desperfecto en su timón y la consecuente pérdida de gobierno del barco produjo el impacto de costado contra uno de los pilotes del Puente Bartolomé Mitre, reedita un debate que viene in crescendo, sobre la situación de nuestro sistema logístico por agua (vías navegables, puertos, marina mercante e industria naval) y la verdad es que hay que celebrar esta discusión, porque Argentina representa el 5° litoral fluviomarímo del mundo, asumamos esta enorme ventaja que, de una vez por todas, tenemos que lograr un cambio en la forma de gestionar las áreas de gobierno que administran estas actividades, profesionalizarlas con equipos, presupuesto y continuidad.
El 8 de enero, el nuevo gobierno designó como interventor de la Administración General de Puertos (AGP) a un abogado que proviene del grupo Blaquier. También el gobierno bonaerense está cambiando los presidentes de los consorcios de gestión en puertos de Bahía Blanca, Mar del Plata, Quequén y San pedro; a todos estos funcionarios los atraviesa la misma característica, ninguno evidencia en su CV, expertise en la actividad logística.
Esta forma de gobernar tiene consecuencias negativas que repercuten en la economía nacional, porque involucra a la logística del sistema productivo argentino, al comercio exterior e interior y los desaciertos se reflejan en precios de góndola y caída de las exportaciones. A continuación, un breve historial de actos administrativos que se sucedieron en los últimos 8 años, que acentuaron asimetrías, obsolescencia infraestructural, falta de competitividad y caída de posicionamiento regional y global:
El segundo proceso licitatorio de la historia del puerto de Buenos Aires comenzó en diciembre de 2016 y demandó 3 Decretos (1295/2016 – 870/18 y 299/2023) de dos Presidentes de distintos partidos políticos, siete Resoluciones de 4 Ministros de Transporte (64/18 -1064 /18 – 256/19 – 65/20 – 120/20 – 346/21 y 193/22) y cinco Resoluciones de 2 interventores de la Administración General de Puertos (129/2016 – 169/17 – 61/19 – 117/19 y 174/19), judicialización de la terminal 5 en el medio. Todo para que finalmente se prorroguen las concesiones de TRP y T4, quién sabe hasta cuándo. Conclusión: 15 actos administrativos en 4 años, no impidieron que el puerto hub argentino cayera al puesto 9 del ranking latinoamericano, detrás de Kingston Jamaica y como si fuera poco, no para de perder carga contenedorizada a manos del puerto de Montevideo Uruguay.
El dragado y balizamiento del Río Paraná (tramo argentino, Confluencia – Río de la Plata) es otro estrepitoso fracaso por impericia e internas políticas: En 2017: El ministerio de Transporte creó la “Unidad de Proyectos Especiales” y permitió que la Bolsa de Comercio de Rosario y la Cámara de Puertos Privados, diseñarán el proyecto licitatorio de la Vía Navegable Troncal (VNT), estas hicieron una licitación privada para la consultoría del proyecto que luego presentaron a dicho Ministerio. Experiencia que terminó en la nada misma.
Entre diciembre de 2019 y abril de 2022 el ex Presidente Alberto Fernández firmó cuatro Decretos 949/2020 – 427/2021 – DNU 556/2021 y 120/2022. El Ministerio de Transporte publicó 2 Resoluciones (152/21 y 308/21). La Administración General de Puertos, dos Resoluciones (136/2021 y 152/2021). 8 actos administrativos en 4 años, la concesión a cargo de la AGP que generó pérdidas por $9.407.526.157 (ver artículo 3° – Resolución 95/2023 del Ministerio de Economía de la Nación).
El desconocimiento de algunos funcionarios, se expresa en el proyecto de Ley Ómnibus que el nuevo gobierno envió al Congreso, genera dos nuevas preocupaciones: la apertura del caladero pesquero en el mar argentino (afecta, tripulación buques y descargas en puertos nacionales) y la liberación del transporte de hidrocarburos que destruirá la flota hidrocarburifera argentina y con ella la desaparición total de nuestra marina mercante.
Juan C. Donato
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