La Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina, que conduce Juan Carlos Schmid, le envió una Carta Documento, al Ministerio de Seguridad donde rechazo la intimación realizada por dicha cartera a las organizaciones sindicales que participaron de la movilización convocada por la CGT el pasado 27 de diciembre a tribunales.
El Consejo Directivo de la FeMPINRA se reunió este lunes en su sede sindical, y ratificaron su participación en el paro general de 12 horas y la movilización convocados por la CGT para el próximo 24 de enero, fecha en la que está previsto el tratamiento, por parte del Congreso Nacional, del DNU y la Ley Ómnibus enviados por el ejecutivo nacional.
En la Carta Documento, la FeMPINRA fue terminante al desconocer, impugnar y negar la demanda del Ministerio. La semana pasada, el Ministerio de Seguridad intimó a los sindicatos confederados el pago de $ 40.419.227,56 en razón de costos operativos.
La Federación argumentó que la misma asume facultades ajenas al Poder Ejecutivo y se basa en normas manifiestamente inconstitucionales, como el protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación y las Resoluciones MS Número 943/23 y 949/23.
Schmid aseguró que “lejos de contribuir a la necesaria construcción de diálogo que amerita la actual coyuntura, se ocupan en criminalizar la protesta social”.
La FeMPINRA, destacó que la medida del Ministerio fue presentada “soslayando pautas constitucionales básicas como ser el apuntado derecho de defensa y carece de todo sustento fáctico y/o jurídico desde que se ha abierto y resuelto con la previa y manifiesta intención de desconocer la institucionalidad y la legalidad de la función sindical, criminalizar la protesta y violentar elementales derechos de raigambre constitucional como ser el derecho de huelga, el de reunión, el de peticionar a las autoridades y los términos de la libertad sindical y la negociación colectiva conforme Convenios 87 y 98 OIT incorporados a nuestra Carta Magna en virtud de lo dispuesto por su art 75 inciso 22”.
En conclusión, la FeMPINRA calificó la deuda reclamada como “inconstitucional, persecutoria, ilegal e infundada”, denunció que el informe en el que se basa fue emitido en contraposición a resoluciones previas y vulnera el derecho de defensa.
En tal sentido, la deuda exigida por el Ministerio de Seguridad, “resulta inconstitucional, persecutoria, ilegal e infundada, pues el informe sobre el cual se sustenta no solo ha sido dictado en contraposición a las resoluciones cuyo cumplimiento ahora pretende, sino que incluso ha sido emitido quebrantando la principal garantía que debe reinar en todo estado de derecho, tal y como es el derecho de defensa”.
Por último, la organización sindical doblo la apuesta y confirmó que concurrirá “ante la Confederación General del Trabajo de la República Argentina a efectos que a mérito de lo acontecido y de lo actuado por ese Ministerio amplíe la denuncia oportunamente radicada por ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) respecto del pretendido protocolo siendo que las Resoluciones MS Número 943/23 y 949/23 en cuyo marco ilegitimo y falaz pretenden actuar”.
La posición de la FeMPINRA, como la de otras organizaciones sindicales, sociales y políticas significan un claro desafío al protocolo que quiere imponer la ministra de seguridad Patricia Bullrich.